Es verdad. El Perú es un país de grandes inequidades sociales. Muchos tienen poco o nada, y pocos tienen mucho. Sin embargo, no nos confundamos: el problema no es la riqueza. El problema es la pobreza. En ese sentido, ¡ojalá hubiera muchos más ricos en el país!
Veamos. El principal factor de empobrecimiento, aquí y en todo el mundo, es el desempleo. En su momento, el desempleo en nuestro país se exacerbó a raíz de la brutal cuarentena decretada por el inepto y corrupto, expresidente Martín Vizcarra, al inicio de la pandemia del covid19. Pero luego, pasada la pandemia, el empobrecimiento de los peruanos proviene de la falta de inversión… sobre todo privada. Y últimamente, el desempleo se ha agravado por la desenfrenada oleada de extorsiones y criminalidad.
“¡No hay empleo!” resuena como disco rayado por todo el país. Muchas empresas, sobre todo micro y pequeñas empresas, han cerrado. Y en cuanto a la inseguridad ciudadana, ¡cuántos transportistas, bodegueros, peluqueros, y hasta grupos musicales, han dejado de operar!
Sin embargo, el desempleo también proviene de la falta de inversiones en nuevas empresas y/o en ampliaciones de operaciones de empresas en marcha. A ese respecto, sabido es que, en nuestro país, alrededor de 300 mil jóvenes ingresan al mercado laboral cada año. Pero como no hay nuevas inversiones, esos jóvenes se quedan en la calle.
Ahora pasemos a las inequidades en cuanto a servicios básicos: agua, salud, educación y seguridad. En tales aspectos, los ricos no tienen problemas. Ellos tienen todo. Ellos viven en distritos que tienen buenos servicios de agua y desagüe. Educan a sus hijos en colegios y universidades privadas. Se atienden en clínicas privadas cuando lo requieren. Y en temas de seguridad, muchos tienen “guachimanes” particulares. El problema lo tienen aquellos que no tienen acceso a dichos servicios… los pobres.
Pero ¿acaso no es función del Estado brindar dichos servicios básicos? ¿Acaso las municipalidades de todo el país no son las responsables de las empresas de agua y saneamiento? ¿Acaso los gobiernos regionales no están a cargo de la salud y educación, públicas y gratuitas, en sus respectivas jurisdicciones? Y en cuanto a la seguridad ciudadana y jurídica, ¿acaso la policía y el Poder Judicial no deben velar por la seguridad de todos los peruanos?
La respuesta a todas las interrogantes anteriores es SÍ. El Estado, con los impuestos que recauda crecientemente de las empresas y de la ciudadanía, debe brindar dichos servicios públicos, de manera eficiente y honesta.
En los últimos años (2023, 2024 y en lo que va del 2025), gracias a los buenos precios de nuestros principales productos de exportación, el Estado recaudó más Impuesto a la Renta (IR) que nunca. Incluso, los precios relativamente altos de los combustibles propiciaron también la mayor recaudación de Impuesto General a las Ventas (IGV) de la historia.
El Perú es un país de profundas inequidades sociales. Inequidades generadas desde dos frentes: (1) el frente laboral. El desempleo genera muchas inequidades entre los que tienen trabajo formal y los que no. Y (2) el frente de los servicios básicos. Los pobres (los marginados) carecen de agua, salud, educación y seguridad. ¡Muy injusto!
¡Cómo no protestar por ello! ¡Claro que la gente tiene razón en protestar! Yo también protesto contra el Estado, Gobierno Central, Gobiernos Regionales, Gobiernos Municipales, Congreso de la República y el Sistema de Justicia.
(*) Exgobernador regional de Ica.
