La presidenta Dina Boluarte no tiene responsabilidad jurídica por las muertes registradas durante las protestas, consideró su abogado Joseph Campos, quien solicitó el archivamiento de la investigación que se le sigue por genocidio.
“Las responsabilidades políticas que puedan existir eventualmente tendrán que ocurrir una vez que se establezca que en las situaciones que nosotros hemos visto efectivamente hubo un uso bueno o malo del arma”, añadió
el letrado.
El abogado Joseph Campos pidió también a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que no permita que la autoridad democrática de la presidenta de la República se vea mellada por “imputaciones insanas” como
genocidio u homicidio calificado a raíz de las protestas de los primeros meses del año.
