- CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD Y DE GUERRA. El jurista Ángel Delgado señala que los procesos por lesa humanidad anteriores a los años 2002 y 2003 deben ser anulados y procesarse de acuerdo al Código Penal vigente al momento de los hechos.
POR: CARLOS RIVERO MELGAR
El constitucionalista Ángel Delgado se presentó en La Noticia Al Día, a través de La Noticia TV (Canal 27.2 Best Cable), donde afirmó que hay cerca de 600 policías y militares procesados injustamente por delitos de lesa humanidad, sin tomar en cuenta que la figura no estaba incluida en el Código Penal cuando ocurrieron los hechos que se les imputa
El Congreso aprobó una ley para que cese la persecución a militares y policías que combatieron al terrorismo, pero algunos jueces y fiscales se resisten a aplicarlas
El accionar de los jueces y fiscales está subordinado al principio de legalidad. Es fundamental que actúen bajo el parámetro de las leyes penales para que no se cometa ningún exceso. El objeto del derecho penal es garantizar al procesado un conjunto de derechos para que no se haga un abuso de poder y se garanticen sus derechos, como a la presunción de inocencia. Si la persona perderá su libertad, la condena tiene que llevarse a cabo con una escrupulosidad casi matemática, de modo tal de que en ningún momento esa acción punitiva de la justicia, pueda significar un abuso. La lucha contra el terrorismo puede haber dado lugar a abusos, pero el Estado en ningún momento ordenó a los militares y policías a realizar masacres, nunca se dio la orden de exterminio, como si ocurrió en la Alemania nazi. Aquí lo que hubo fue una respuesta defensiva del Estado, el cumplimiento constitucional de las fuerzas encargadas de restablecer el orden, y se enfrentaron a quienes se alzaron en armas y usaron el terror para amenazar la vida democrática del país. Los excesos cometidos deben ser objeto de investigación y sanción a la luz de las normas penales existentes en el momento en que se cometieron, pero lo que no se puede hacer es traer delitos que no existían, y aplicarlos con un criterio retroactivo. Los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra fueron aprobados entre los años 2002 y 2003, cuando se aprobó el Estatuto de Roma del Tribunal de la Corte Penal Internacional y la Convención contra los Crímenes de Guerra, pero la lucha contra el terrorismo se desarrolló entre la década de los 80 y 90, cuando no existían delitos de lesa humanidad. La Ley 32107 establece que los jueces y fiscales no podían aplicar los delitos de lesa humanidad a eventos ocurridos antes del año 2002 y 2003, y las sentencias tendrían que ser anuladas y los procesos modificados.
¿Cuál es el problema de los delitos de lesa humanidad?
Los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, o sea, nunca acaban. La persecución de un delito tiene comienzo, pero no tiene fin. Hay personas que tienen hasta 40 años perseguidas, y no hay ninguna sentencia. No puedes tener a una persona en un estado de angustia toda su vida. Esa pretensión es cruel y está en contra de los principios de un derecho penal democrático que dice que los delitos tienen un plazo y si el Estado no es capaz en un periodo razonable, de establecer las culpas y responsabilidades, no se puede seguir la persecución. Son 500 o 600 policías y militares procesados por este delito. Algunos están encarcelados, otros están siendo enjuiciados, otros en un proceso de investigación.
¿Por qué los jueces y fiscales se niegan a aplicar la ley?
Las leyes tienen una presunción de constitucionalidad, y si se han expedido correctamente deben cumplirse el día siguiente de su publicación. El Tribunal Constitucional ha desestimado la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Ministerio Público, con lo que ratifica plenamente la validez y la constitucionalidad de la ley, lo que quiere decir que los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra deben aplicarse en el Perú a partir del año 2002 y 2003, cuando fueron incluidos en nuestra legislación. Los procesos por lesa humanidad anteriores a ese periodo deben ser anulados y procesarse de acuerdo al Código Penal vigente al momento de los hechos. Si los jueces se niegan a cumplir la ley, estaríamos hablando de cualquier cosa, menos de un Estado de derecho, sería un desastre, la anarquía, la destrucción del orden jurídico. Un golpe de Estado por parte de jueces y fiscales.
¿Y quiénes están ejerciendo presión para que la ley no se aplique?
La presión viene de una concepción caviar, que ha creado este tipo de especies realmente bárbaras. Esto es una barbarie, porque esto es condenar a la gente bajo el argumento de que hay que proteger a las víctimas, a condenas que no tienen fin. La justicia que está por encima de mi sentimiento, que condena la barbarie, que deja atrás la ley de Talión, el ojo por ojo y diente por diente, que estableció garantías, derechos fundamentales, me dice “no, tú no puedes actuar por venganza”. Esas reglas fundamentales son las que esta gente, caviares, tanto en el Perú como afuera, quiere tumbarse. Y vamos a tener un enfrentamiento con la Corte Interamericana, que quiere que esta ley, y la de amnistía sean dejadas de lado.
¿Qué pasa con los jueces que no cumplen la ley?
Estarían cometiendo el delito de prevaricato. Prevaricar es cuando un juez o fiscal resuelve, sentencia, investiga, procesa por causas que no están tipificadas en la ley. Tiene una pena de 8 a 10 años. Hay jueces que no han aplicado esta ley, derogan las normas anteriores para poder justificar su sentencia. Con lo cual el juez se vuelve una suerte de creador de derecho. Los jueces y los fiscales de esta nueva etapa del caviaraje han creado una doctrina para no cumplir estas leyes y zurrarse en los mandamientos del Estado Democrático de Derecho.
Muchas ONG apoyan la imprescriptibilidad de estos procesos porque muchas de ellas viven de esto…
Los implicados en los principales casos de tortura, como Fujimori, Montesinos, los miembros del Grupo Colina… han estado en la cárcel, pero también hay chicos que tenían 16 o 17 años, que fueron llevados por mandato del gobierno, y sin ninguna capacidad de mando, pero solo por el hecho de formar parte del Grupo Colina les han destrozado la vida, porque hasta el día de hoy, habiendo pasado 35 años, los siguen persiguiendo, los siguen encarcelando, los amenazan con meterlos presos y les hacen la vida imposible.
SOLO EL CONGRESO ESTÁ AUTORIZADO PARA HACER LEYES
Según Ángel Delgado, de acuerdo a ley, cada procesado por lesa humanidad podrá presentar lo que se llama una excepción de prescripción. “Si los jueces cumplen, será la demostración de que nuestro Estado de derecho funciona, pero si entramos en rebeldía como Delia Espinoza o Janet Tello (presidenta del Poder Judicial) estaremos en un serio problema”, agrega.
“El Congreso es el único facultado para hacer las leyes, y a los jueces y fiscales solo les corresponde aplicarla. Si eso no ocurre, entonces estamos en el desorden y la anarquía más absoluta que pueda aparecer”, finaliza.
