El debate generado en torno a la destitución de la Junta Nacional de Justicia y la desesperación de los caviares en su defensa es algo sintomático. No cabe duda de que, si provoca tal reacción en contra en ese deplorable sector, es porque se va por buen camino.
Es bueno recordar que este organismo tiene un enorme poder. Nombra, evalúa, ratifica y sanciona a jueces, fiscales, autoridades nacionales de control del Ministerio Público y el Poder Judicial, y a los jefes de la ONPE y el RENIEC. También es bueno recordar que se creó para reemplazar al Consejo Nacional de la Magistratura en uno de los golpes institucionales que el infame “Lagarto” Vizcarra dio, cuando aupado en lo más alto del poder, hacía y deshacía con la complicidad de la caviarada parasitaria.
Es evidente que para concentrar el poder era necesario primero destruir al parlamento y lo consiguió con una intensa campaña de demolición mediática y la prostitución de figuras antes solo tocadas in extremis, como la “cuestión de confianza”, lo cual le permitió finalmente dar un golpe de estado y cerrar el congreso con la complicidad del Tribunal Constitucional, y segundo tomar el poder judicial y el Ministerio Público, esto se consiguió a través del cuento de los cuellos blancos, del cual ya nadie habla, para tomar por asalto el Consejo Nacional de la Magistratura y reemplazarlo por la Junta Nacional de Justicia, creada a su medida por una comisión de notables y aprobada por un congreso acobardado y chantajeado.
Luego vino una campaña nunca vista, en que una prensa mayoritariamente aceitada por millones de soles de la publicidad estatal se prestó, para llevar a la población a votar SI,SI,SI, NO, en un referéndum con el que Vizcarra se consolidaba. Una de las preguntas de ese referéndum permitía la creación de la Junta Nacional de Justicia. Es evidente que la absoluta mayoría de votantes no tenía ni la menor idea de por qué estaba votando.
Lo cierto es que ahora nos encontramos ante la situación en que el parlamento en cumplimiento de sus funciones debe actuar. El artículo 156 de la Constitución establece los requisitos para ser miembro de la JNJ. Uno de ellos es: …ser mayor de 45 años, y menor de 75 años. Sucede que la Dra. Inés Tello cumplió 75 años en el año 2020 y debió ser cesada de inmediato, pero los demás miembros del Consejo interpretaron que este límite era para acceder al cargo, no para ejercerlo. Una auténtica cantinflada que los pone a todos en situación de falta grave, al haber incumplido un mandato constitucional. A esto hay que sumar que en su momento asumieron la defensa de la fiscal lagartiana Zoraida Ávalos, mediante un comunicado con el cual adelantaban opinión sobre un tema que debían investigar, otra falta grave y finalmente que no han cumplido con los informes que deben entregar anualmente al congreso.
Hay que destacar que en la creación vizcarrista de la Junta se establecen todas estas normas y requisitos, no se trata de caprichos del actual congreso. Y por otro lado también cabe recordar que los destituidos serán reemplazados por sus accesitarios que vienen nombrados desde aquellos días, no serán nombrados ahora. Es hora de actuar e ir recuperando las instituciones.
(*) Analista politico
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