Allanan casa de Piero Corvetto por graves irregularidades en comicios
Acusan de colusión agravada y omisión de actos funcionales a exjefe de la ONPE
La situación del exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, continúa agravándose. Tras el allanamiento a su domicilio, el Ministerio Público decidió incorporarlo como investigado en la pesquisa que sigue la Fiscalía Anticorrupción por las presuntas irregularidades en la jornada electoral del pasado 12 de abril. Se le atribuyen los delitos de colusión agravada y omisión de actos funcionales.
En la investigación también figuran Juan Antonio Phang, suspendido subgerente de Producción Electoral de la ONPE; José Samamé Blas, exgerente de Gestión Electoral; y Juan Charles Alvarado, gerente general de Servicios Generales Galaga. Horas antes, con autorización del juez de investigación preparatoria Manuel Chuyo, la fiscalía y la PNP allanaron la casa de Corvetto Salinas. Desde las 5:30 a.m., el fiscal anticorrupción Raúl Martínez dirigió la diligencia de incautación de documentos y equipos electrónicos.
En simultáneo, fiscales y policías realizaron operativos en los domicilios de Phang y Samamé. Este último fue arrestado el 13 de abril, señalado como principal responsable de la demora en el traslado del material electoral. Uno de los investigados se encontraba en un departamento de Magdalena al momento de la intervención.
En Lince, los efectivos también ingresaron a la residencia de Samamé, considerado pieza clave en las pesquisas. El exfuncionario fue detenido un día después de las elecciones generales, acusado de haber favorecido a Galaga SAC en la contratación para el transporte del material electoral en Lima Metropolitana.
PEDIDO DE DETENCIÓN RECHAZADO POR JUEZ
El juez Manuel Luyo rechazó el pedido fiscal de detención preliminar contra Piero Corvetto. El magistrado consideró que no se cumplían los requisitos para dictar la medida restrictiva de libertad.
Según el juez, la Policía ni la Fiscalía han podido presentar indicios para acreditar la existencia de un peligro procesal y se consideró que para la búsqueda de los medios de prueba que se requieren solo eran suficientes los allanamientos.
