El expresidente del club Alianza Lima, Guillermo Alarcón fue condenado a 13 años de prisión por los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir, informó el Poder Judicial peruano en la red social X.
Alarcón recibió un “adelanto de fallo”, como parte del proceso por el caso de corrupción conocido como Oncoserv, mientras que el empresario Rodolfo Orellana también recibió una condena a 20 años de prisión por los delitos de lavado de activos y cohecho activo específico.
El Poder Judicial señaló que el Primer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional, a cargo del caso, impuso 13 años de prisión a la inculpada Ludith Orellana, y que la lectura íntegra de la sentencia se realizará el próximo 26 de enero.
El Ministerio Público señaló en su acusación que el llamado ‘clan Orellana’ y el exdirigente deportivo defraudaron al gobierno de la región sureña de Arequipa y se apoderaron de más de 10 millones de soles (2,7 millones de dólares o 2,48 millones de euros) a partir de un arbitraje amañado.
La acusación se basó en el incumplimiento de un contrato con la empresa Oncoserv, que debía dar servicios oncológicos en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplasicas del Sur.
Medios locales recordaron este martes que Alarcón también fue condenado en 2014 a 5 años de cárcel por fraude y falsedad en la administración de personas jurídicas, en agravio del Alianza Lima, club que presidió entre 2009 y 2012.
El dirigente fue expulsado en febrero de 2022 como socio del Alianza Lima por haber efectuado “actos que son contrarios a las leyes, la moral, las buenas costumbres, con los fines de la asociación o contrarios a sus intereses económicos o patrimoniales de la institución”, según señaló la resolución del club.
De acuerdo con las autoridades y medios locales, el llamado ‘Clan Orellana’ estuvo integrado por 26 personas, que entre los años 2002 y 2015 realizaron prácticas fraudulentas, como la falsificación de documentos y corrupción de funcionarios, para lograr el saneamiento de inmuebles en litigio para apropiarse de ellos.
En 2020, el Ministerio Público logró una primera condena contra 19 involucrados en este caso, entre ellos exfuncionarios de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), que fueron acusados de haberse apropiado ilegalmente de 47 terrenos entre 2009 y 2013.
