Como inaceptable calificó el congresista Alejandro Aguinaga, de Fuerza Popular, la decisión del Poder Judicial, que declaró improcedente la apelación presentada por la defensa del expresidente Alberto Fujimori contra la resolución que, en primera instancia, rechazó su hábeas corpus para que se acate el indulto humanitario a su favor.
“Lo que están haciendo con el presidente Alberto Fujimori es inaceptable. En primer lugar, un indulto es irrevocable, y este en su momento fue debidamente sustentado”, indicó el legislador, quien es médico de cabecera del exmandatario.
El parlamentario fujimorista fue más allá al cuestionar la decisión del Poder Judicial: “¿Tenemos una justicia con doble rasero en el Perú? ¿Dónde están los defensores de los DD.HH.? ¿Tanto les cuesta abogar por quien acabó con el terrorismo? ¿Por qué será, no?”, señaló en su publicación de Twitter.
Por su parte, el abogado del exmandatario, Elio Riera, señaló que ahora recurrirán al Tribunal Constitucional y tiene diez días hábiles, desde que son notificados, para presentar el caso en esta instancia.
“Tenemos los argumentos claros. La decisión judicial nos abre un camino adicional, lo que hace la tercera sala es no negarnos el derecho, sino que nos dice que no es competente. A quien le corresponde pronunciarse es al Tribunal Constitucional, entonces, lo que nos queda es recurrir a este, vía recurso de agravio constitucional, a efecto de que pueda dar un pronunciamiento final con respeto a la discusión del expediente por medio del cual en 2022 se declaró fundada la demanda y se dio la viabilidad a la excarcelación”, explicó.
Condenado a 25 años de prisión
El indulto otorgado por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski fue anulado en octubre de 2018 por la Corte Suprema, por lo que Alberto Fujimori debió volver a prisión, y posteriormente la CIDH pidió en marzo de 2022 que se suspenda una decisión del TC, que había admitido un recurso para restablecerlo y se confirme la sentencia en primera instancia que declara improcedente la demanda.
Fujimori cumple una condena de 25 años de cárcel por los casos La Cantuta, Barrios Altos y por el secuestro de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer.
