Estamos frente al regreso de los peores momentos de la Edad Media, largo período de la legal cacería de brujas que le costó la vida a millones de mujeres acusadas de ser brujas, hechiceras y tener pacto con el demonio. En ese pasado tenebroso, antes del asesinato final, se las quemaba vivas, se les torturaba o juzgaba hasta condenarlas a la peor muerte ante un público que creció en ese dantesco espectáculo. Ahora en Perú, las torturas fueron en privado. Las mujeres de la provincia de Pataz, La Libertad, como en el pasado más desgraciado de la historia humana, han sido colgadas de los pies mientras eran golpeadas y flageladas con látigos con el fin de “sacarles el demonio”. Solo faltó que también las quemaran vivas.
Sin embargo, esas prácticas de las llamadas “rondas campesinas” no es nueva. Los videos en los que se flagela y apalea, se ha venido practicando impunemente. Esas rondas violentas e intolerantes hacen uso libre de su propia ley como si estuvieran en territorios liberados de la civilización. Increíble que en pleno siglo XXI ocurran actos de barbarie, inhumanos, violatorios de los derechos humanos. Pero lo más increíble es que estas mujeres hayan sido secuestradas y torturadas por más de una semana sin que la Policía, ni la Fiscalía, ni la Defensoría del Pueblo ni las autoridades políticas, locales regionales o nacionales hayan hecho nada en la defensa de los derechos humanos de esas personas. ¿Qué dicen las ONG que afirman defender los derechos humanos? ¿Qué proponen los Ministerios de la Mujer y de Cultura que sólo se preocupan cuando un cómico de humor político parodia democráticamente a la esposa del presidente? No solo se ha puesto la imagen del Perú por los suelos (como un país de salvajes) sino que se ha puesto en claro que nuestra patria ha caído en un abismo, en el que las leyes nacionales y los Convenios internacionales no se cumplen porque hay otras formas de Estado y “otras leyes” en esos territorios liberados que actúan al margen de la ley y de la civilización.
Desde el 28 de julio de 2021 con la llegada al poder de un gobierno auto titulado “del pueblo, campesino, rural y rondero” las fuerzas más reaccionarias y oscurantistas, patrimonialistas y prebendistas, están reviviendo con graves consecuencias. Solo faltarían los juicios populares para tener un escenario completamente siniestro. La Constitución y las leyes prohíben y condenan la tortura, el secuestro y todo aquello que afecte la vida, la dignidad y la libertad de la persona humana.
El corrupto gobierno de Pedro Castillo con su permisividad y silencio, está fomentando la violencia y un total desprecio por la democracia, la libertad, los derechos humanos y la dignidad de la mujer. Pedro Castillo tiene incapacidad moral permanente para ostentar el cargo de presidente de la República, por tanto, merece la vacancia de su cargo decretada por el Congreso.
(*) Candidato a la alcaldía de Lima por APP
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