La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso aprobó un proyecto de ley que establece penas con cárcel efectiva para los servidores o trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) que incurran en actos de corrupción, con penas que van de 6 a 13 años.
“Este proyecto, principalmente, tiene como objetivo fortalecer la lucha contra la corrupción en el sistema penitenciario, como una forma de hacerle frente a este flagelo que padece nuestra sociedad en su conjunto”, señaló Norma Yarrow (Avanza País), autora de la iniciativa.
Agregó que de esta manera “la sociedad en general tendría un beneficio en la lucha contra la inseguridad ciudadana”, pues exige la prevención y buenas prácticas en el sistema penitenciario.
