Afirman que la Junta Nacional de Justicia es “agencia de empleos”
La Fiscalía intervino la sede principal de JNJ ante grave denuncia
Como una “agencia de empleos” calificó la congresista Patricia Chirinos (Avanza País) a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), tras la denuncia periodística sobre un círculo de amistades que copó un área de dicho organismo, donde presentaron como experiencia profesional labores en una cebichería y en un gimnasio.
“Una joya más de los desacreditados miembros de la Junta Nacional de Justicia. No hay duda de que han convertido la institución en una agencia de empleos, contratando a sus amigos no solo para su defensa personal, sino para que les hagan el trabajo de evaluar y sancionar a jueces y fiscales. Mientras la JNJ siga capturada por argollas e intereses particulares, ¿qué justicia podemos esperar los peruanos?”, manifestó Chirinos.
Por su parte, el legislador Alejandro Aguinaga cuestionó la rigurosidad y exigencia de la JNJ. “No nos debe llamar atención el estado al que han llevado a la justicia cevicheros y fisicoculturistas. ¡Qué tal irresponsables en el manejo de la plata de todos los peruanos, por todo ello esta vizcarrista JNJ no debe permanecer un minuto más!”, sentenció.
Según un informe del programa “Punto Final”, de los siete trabajadores de la JNJ de un equipo, cinco dieron certificados de trabajo de la cevichería La Tremenda Corte” para acceder a la entidad. Los involucrados trabajan en la Dirección de Procesos Disciplinarios de la JNJ, bajo la dirección de la abogada Marielka Nepo Linares.
Ante esta situación, un grupo de fiscales llegó a la sede principal de la JNJ para realizar diligencias de recojo de información en el marco de la indagación por el presunto delito de negociación incompatible en agravio del Estado.
REVISAN CONTRATOS ANTE GRAVE DENUNCIA
Ante la grave denuncia, la JNJ dispuso ayer el desplazamiento de servidores y revisión de contratos en la Dirección de Procedimientos Disciplinarios (DPD).
A través de su cuenta de Twitter, la JNJ indicó que se ordenó el desplazamiento de la directora de la DPD y tres servidores contratados bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS).
Agregó que dicha medida tendrá vigencia “hasta que la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios culmine la investigación que viene realizando y emita un informe en el más breve plazo”.
