Afirman que Anel y Marisa Glave también recibieron coimas de OAS
Testimonios de exfuncionarios brasileños hunden al entorno de Villarán
Mientras avanzan las investigaciones en torno al caso de la Línea Amarilla, se comienzan a conocer mayores detalles que hunden más no solo a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, sino también a personas que la rodearon durante su gestión y que habrían recibido coimas de entre US$20 mil y US$250 mil, de parte de la empresa brasilera OAS.
En la lista aparecen personajes como la exregidora Marisa Glave y la excongresista Anel Townsend. En un informe fiscal revelado por el programa Contracorriente se señala que los funcionarios de OAS S.A., Valfredo de Assis Ribeiro Filho y Augusto César Ferreira e Uzeda, habrían realizado actos de coordinación y concertación con funcionarios de la Municipalidad de Lima, durante la gestión de Villarán, para hacer pagos de dinero ilícito a los regidores y otros.
En el documento mostrado se indica que la entonces regidora Marisa Glave recibió US$20 mil e igual cantidad se le entregó a Anel Townsend, quien se desempeñaba como jefa de la campaña política contra la revocatoria de Villarán.
La lista, además, la integran los exregidores Jaime Salinas, quien habría recibido US$120 mil; Zoila Reátegui, US$ 20 mil; además del exasesor de la alcaldesa, Jorge Nieto Montesinos, con US$ 129 mil; y Carlos Juscamaita, US$250 mil. Este fue el encargado de los pagos a los personeros.
Cabe indicar que Fernando Silva, abogado del exdueño de OAS, Leo Pinheiro, ya había adelantado que funcionarios de la Municipalidad de Lima habían recibido coimas. Además, el empresario, ha declarado que aceptó pagar US$7 millones al exgerente municipal José Miguel Castro a cambio de subir los peajes.
FISCALÍA PIDE 29 AÑOS DE CÁRCEL PARA VILLARÁN
El Ministerio Público pide 29 años de cárcel para Susana Villarán por haber favorecido con contratos a las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS, y la peruana Graña y Montero, a cambio de US$ 11`293,000 para financiar su campaña contra la revocatoria en 2013 y las elecciones municipales de 2014 con el fin de mantenerse en el poder.
La Fiscalía del caso Lava Jato sostiene que Villarán lideró, desde 2011, una red de corrupción y lavado de activos que se instaló en la Municipalidad de Lima hasta 2015.
