Tras el informe de un grupo de trabajo de Naciones Unidas que concluye que la detención del expresidente Pedro Castillo fue arbitraria y carece de base legal, su abogado Walter Ayala presentó ante el Segundo Juzgado Constitucional de Lima un habeas corpus en el que exige su libertad inmediata. En el recurso, el abogado solicita la nulidad de las órdenes de 18 y 36 meses de prisión preventiva dictadas contra su patrocinado. Ayala pide también declarar nula la resolución legislativa que declaró su vacancia presidencial por incapacidad moral, argumentando que la sesión se adelantó sin respetar su derecho a la defensa
. El documento señala como responsables de la presunta vulneración de la libertad del exmandatario al actual jefe de Estado, José María Balcázar; al ministro de Justicia, Luis Jiménez Borra; al Congreso; a los jueces integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema; al juez supremo Juan Carlos Checkley Soria; y al Ministerio Público. El presidente José María Balcázar señaló que el informe de Naciones Unidas “viene a modificar un poco el escenario jurídico, legal y constitucional de la forma y modo de cómo se le puede dar indulto a una persona detenida”.
