Abogado Ernesto Blume dice que el JNE sería cómplice de la ONPE
Por no haber tomado acciones legales para garantizar el derecho al voto de todos

El expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, opinó que existiría una presunta complicidad de los miembros del pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ante las graves irregularidades registradas durante las elecciones generales, por no haber tomado acciones para restituir el derecho de más de medio millón de personas que no pudieron votar debido a la demora en la instalación de las mesas de sufragio.
Además, consideró que incurrieron en una infracción de orden penal al no haber cumplido, como máxima autoridad electoral, con la obligación de garantizar el ejercicio de los derechos políticos y que las elecciones fueran fiel reflejo de la voluntad popular expresada en las urnas, ante la incapacidad de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Sostuvo que, aunque el JNE, presidido por Roberto Burneo, reconoció que por la demora en la llegada del material electoral hubo una afectación del derecho al voto de cerca de 541,000 ciudadanos, ha condonado, consentido, ratificado y minimizado este acto lesivo al resolver que es inviable la solución. “Debería haber actuado con criterio de conciencia y partiendo de que estaba frente a una situación no prevista en la ley, y ver una medida correctiva como reabrir las mesas cerradas que se instalaron tarde, lo cual era factible porque están los padrones para que los electores que fueron y no pudieron votar tuvieran oportunidad de hacerlo”, señaló en Panamericana Televisión.
Agregó que la decisión debió darse al amparo del artículo 31 de la Constitución, que establece: “Es nulo y punible todo acto que limite o restrinja el ejercicio de los derechos políticos”. Añadió que la responsabilidad penal de los miembros del pleno por haber avalado la violación de dicho artículo, que garantiza el derecho político de los ciudadanos, está tipificada en el artículo 359 del Código Penal, el cual establece penas de entre dos y ocho años contra quien comete atentado contra el derecho al sufragio.
