
Cuando Pedro Castillo tomó la presidencia lo primero que hizo fue intentar convertir la casa de la calle Sarratea en Breña en su despacho informal y dejar Palacio de Gobierno. Recordemos todo el debate que hubo en torno a estos hechos. Finalmente, al ser reconvenido comprendió que por ley debía estar en Palacio. Sin embargo, luego se supo que, si bien se mantuvo en Palacio para hechos formales, en las noches, como un delincuente, oculto tras una gorra, se trasladaba a Breña y sostenía reuniones con lobistas y empresarios ligados a la corrupción.
Estos hechos y sus protagonistas han sido motivo de todo tipo de contradicciones en diversas declaraciones de Castillo. Incluso de manera increíble ha mentido ante la fiscalía sobre sus relaciones con la ahora colaboradora eficaz Karelim López. Lo cierto es que las reuniones, pactos, arreglos, compromisos y demás enjuagues que han sucedido en esa casa son asuntos de interés nacional.
La cantidad de escándalos y hechos de corrupción que han ensombrecido a este gobierno, que ya viene tocando fondo en apenas siete meses, en gran medida se han gestado a través de hechos acontecidos en esa casa o de los operadores que en ella coordinan. En ese sentido es de gravitante importancia que Castillo diga finalmente la verdad. Para tal fin es fundamental que asista o reciba en Palacio a la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República que preside el congresista Héctor Ventura y que lo ha citado en calidad de testigo.
Lamentablemente Castillo se niega a dar la cara. Ha respondido que le envíen las preguntas por escrito y que el responderá del mismo modo. Esta respuesta lo revela como lo que es. Un hombre cobarde y de doble faz. Incapaz de afrontar con inteligencia y honestidad un interrogatorio que lo podría obligar a mentir o finalmente afrontar la realidad. Una realidad que lo pondría un paso más cerca de la incapacidad moral permanente. Su actitud deja ver también su desprecio por las instituciones democráticas y su tendencia al autoritarismo.
La comisión congresal no debe acatar este desplante de Castillo y reiterar la invitación haciendo un claro llamado a que asuma sus responsabilidades. Los peruanos tenemos el derecho a saber qué está detrás de este gobierno que cada día pierde más legitimidad.
Tan importante como el acceso a la transparencia en los actos de gobierno es imprescindible que la población tenga también acceso a información de los actos de los gobernantes que están detrás de sus decisiones. Es desde todo punto de vista condenable e inaceptable que quien ocupa la presidencia se mueva anónimamente en la oscuridad para establecer pactos y componendas que ponen en riesgo al país.
Si los ciudadanos conocen los criterios que están detrás de la toma de decisiones que involucran sus intereses y los fondos públicos, se empieza a formar una población crítica y capaz de juzgar los actos de gobierno.
Al parecer eso es lo que el gobierno no quiere. Le teme a la democracia y al control ciudadano.
(*) Analista político
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