Solo fue una engañosa tregua

Lo mejor que podía pasar, para el Gobierno, era que la tregua de las protestas en el sur por los carnavales, especialmente en Puno, genere las condiciones para la apertura al diálogo en busca a una solución definitiva a la crisis política y social. Ese era el sueño de la presidenta Dina Boluarte, del premier Alberto Otárola y de todos los ministros. Y también de la mayoría de los congresistas, pues esa calma les permitiría quedarse en sus puestos hasta el 2026, ya sea por cumplir cabalmente sus funciones —lo cual es correcto y válido— o solo para seguir gozando de los privilegios que da el poder. Pero todo indica que solo fue un paréntesis y que las protestas violentas continuarán.

Este escenario ya lo habían avizorado varios analistas, quienes advertían que esa aparente tranquilidad era engañosa, pues las principales demandas de la mayoría de la población (el 71%, según la última encuesta de Datum) son: la renuncia Dina Boluarte y el cierre del Congreso. Y ese no solo es un deseo de los pobladores del sur o de Puno, como algunos pretenden hacer creer, pues dicha investigación consideró a todas las regiones del país. Hay que tener una venda en los ojos para no darse cuenta de esa triste realidad.

En las últimas semanas, la presidenta se reunió en Palacio de Gobierno con varios gobernadores regionales y alcaldes provinciales. Se habló de obras, proyectos, presupuestos y otros temas, previo reconocimiento de que es necesario que el Estado se acuerde de una vez por todas del denominado Perú profundo, que han sufrido la indiferencia y postergación de gobierno tras gobierno. Pero resulta que, en estas circunstancias, aunque no debería ser así, los gobernadores ni los alcaldes no representan a nadie ni llevan la voz de sus pueblos. Hay un divorcio total.

Es cierto que en el fondo esa situación de abandono y desprecio por el interior del país ha causado la rebeldía de la población del sur, cuyas acciones son atizadas e infiltradas —hay que reconocerlo— por los rezagos del terrorismo, la minería informal, la tala ilegal y otros grupos políticos y económicos a los que les convienen la inestabilidad y el caos. Sin embargo, el meollo del asunto es la desconfianza y el rechazo al gobierno central, al Ejecutivo, al Legislativo y otros estamentos del Estado.

Solo queda buscar interlocutores válidos para el diálogo, que tengan conexión directa con los manifestantes. Y si estos se rehúsan a dar la cara porque solo obedecen a intereses políticos económicos, es hora de desenmascararlos y dejarlos en evidencia. Pero eso sí, sin terruquear, por favor. Porque lo que digo y escribo siempre lo firmo.