En la columna anterior señalamos que la excarcelación de Zamir Villaverde tendría consecuencias capaces de alterar dramáticamente el curso político del país. De inmediato, la eventualidad que la Fiscalía cuente ahora con un bagaje de medios probatorios idóneos, para erradicar la corrupción vigente e incriminar al cabecilla-presidente. Es decir, proyectar un derrotero jurídicamente impecable que termine con la pesadilla de todos los peruanos. Confiamos que los organismos competentes harán su tarea con eficacia, mientras la ciudadanía se mantiene vigilante.
Mas hay una deriva de ese hecho. Imprevista pero de singular importancia. La extraña detención del colaborador eficaz en una comisaria local, no sólo fue absolutamente ilegal (Villaverde es liberado por un juez competente y está bajo un régimen de seguridad, propio de los testigos protegidos). Es la arbitrariedad en sí la inquietante, en tanto devela a dónde va el ejercicio mafioso del poder, en el régimen castillista. Allende las explicaciones oficiales, ridículas al extremo, es axiomático el reglaje cometido, aunque se le llame “apreciación de situaciones” (no es más que el objetivo de un seguimiento incontestablemente ilegal).
Ofende la inteligencia culpar al sistema por las cuatro horas de retención ilícita. ¿No fue el INPE quien verificó el mandato judicial para liberar al delator premiado? Aun siendo así, ¿por qué darle al escándalo tanto tiempo, cuando con una simple llamada telefónica se ordenaba al comisario de La Planicie, ponerle fin inmediatamente?
En verdad, no hay respuesta coherente ni justificación válida que expliquen, dicho actuar prepotente y absurdo en demasía. Urge encontrar otra inteligibilidad más plausible más allá del marco institucional. Esto lleva a pensar que los agentes del reglaje actuaron al margen de la jerarquía establecida. Asimismo, la detención arbitraria tampoco fue por falla de la computadora. Implica que ciertos cuerpos policiales empiezan a autonomizarse de sus jefaturas naturales, para responder directamente a los caprichos de ciertos personajes del Gobierno. Esos que escapan a la ley y los procedimientos reglamentarios, pues están al servicio de las maniobras del poder. Esto es propio de regímenes, como el de Castillo, proclives a violentar las normas del Estado de Derecho, en especial, cuando se sienten acorralados por la justicia.
Estaríamos asistiendo al nacimiento de un estado paralelo, en el seno de la institucionalidad oficial. Ello impide la captura policial de los fugados cómplices del presidente. Igualmente utiliza a su personal para fines ajenos, sin escrúpulos. La gavilla de prefectos nombrados, el empoderamiento ilegal de las rondas campesinas y la disposición arbitraria de la ayuda social, son componentes de esa temida estructura paraestatal. La misma que funciona en las dictaduras del continente. Y que nos trae a la memoria, al SIN de Vladimiro Montesinos.
(*) Constitucionalista
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