Hay decisiones que parecen reservadas para ciertas personas, pero que terminan afectando la vida de miles de trabajadores y sus familias, como es el caso del nuevo criterio de la Corte Suprema sobre la Ley 24041, la cual merece mucha más atención de la que está recibiendo.
Y no hablamos de un grupo pequeño, según cifras de SERVIR, el Estado tiene alrededor de 1.6 millones de servidores públicos y más de 373 mil pertenecen al régimen CAS – Contratación Administrativa de Servicios, de modo que cualquier cambio en la interpretación de sus derechos laborales puede tener un impacto enorme.
La Corte Suprema ha establecido que la protección de la Ley 24041 corresponde al régimen del Decreto Legislativo 276, dejando fuera de esta norma a trabajadores CAS, locadores y otras modalidades, y aunque jurídicamente pueda existir una explicación para esta interpretación, personalmente me preocupa lo que puede significar en la práctica.
Porque resulta difícil no preguntarse qué ocurre con quien lleva años realizando una función permanente, cumpliendo horarios, subordinado y asumiendo responsabilidades, pero cuya protección termina dependiendo del tipo de contrato que aparece en un documento.
No digo que todos los trabajadores públicos tengan automáticamente derecho a la estabilidad, ni que una sentencia pueda convertir un contrato temporal en permanente, pero sí considero que cualquier interpretación debe mirar también la realidad laboral que existe detrás de cada expediente.
Además, quienes ya cuentan con una sentencia firme tienen una situación diferente, pues la cosa juzgada constituye una garantía que no debería desaparecer simplemente porque posteriormente cambie un criterio jurisprudencial.
Lo preocupante es que quienes tienen procesos pendientes o todavía no han iniciado acciones legales podrían enfrentar un escenario diferente, por eso considero fundamental que conozcan sus derechos y busquen asesoría especializada antes de tomar cualquier decisión.
Al final, esta discusión no debería reducirse a una pelea política ni a una disputa entre abogados, porque detrás de cada régimen laboral hay una persona que trabaja, una familia que depende de ese ingreso y años de esfuerzo que merecen ser considerados.
Y entonces la pregunta que trasciende, más allá de cualquier interpretación jurídica, es inevitable: ¿quién protege ahora al trabajador público?
(*) Abogado y exdecano del Colegio de Contadores Públicos de Lima
