Obras municipales: cuando el dinero público no se traduce en bienestar

Las pistas deterioradas y no señalizadas, las veredas con huecos, parques y jardines descuidados, las obras inconclusas y los proyectos que se retrasan forman parte de una realidad que afecta a miles de ciudadanos. Cada sol destinado a una inversión pública debería traducirse en mejores condiciones de vida, pero cuando una obra queda abandonada o no cumple su finalidad publica, los vecinos terminan pagando las consecuencias de una gestión deficiente.

Según reportes de la Contraloría General de la República, a marzo del 2026 existían 2.241 obras públicas paralizadas en el Perú, con una inversión acumulada de S/ 73.166 millones, cifras que evidencian la magnitud del problema que enfrenta el país para convertir los recursos públicos en infraestructura y servicios para la población.

Detrás de una obra paralizada hay mucho más que cemento y maquinaria detenida: hay vecinos que siguen esperando agua potable, vías transitables, hospitales, bibliotecas, colegios adecuados o espacios públicos seguros. Los retrasos, los expedientes técnicos deficientes y los problemas contractuales conciliaciones o arbitrajes pueden comprometer recursos que deberían atender necesidades urgentes.

Las autoridades municipales tienen la responsabilidad de planificar las inversiones según las necesidades de sus distritos, revisar la calidad de los expedientes técnicos y supervisar el cumplimiento de los contratos. También deben informar oportunamente sobre los avances, las dificultades y los plazos de ejecución. No se trata de gastar todo el presupuesto a cualquier costo, sino de invertir bien, con transparencia y resultados que puedan comprobarse.

La ciudadanía, por su parte, debe evaluar a sus futuras autoridades más allá de los anuncios y las ceremonias de inauguración. Una obra no demuestra una buena gestión por el presupuesto que recibe ni por la publicidad que genera, sino por su calidad, su utilidad y el beneficio que brinda a la población. Los recursos públicos pertenecen a todos y su administración exige responsabilidad, vigilancia y resultados.

El verdadero desarrollo no se mide por la cantidad de proyectos anunciados, sino por las necesidades que se resuelven y los servicios que mejoran. Las autoridades deben demostrar que saben planificar, ejecutar y rendir cuentas, porque cada obra inconclusa representa una oportunidad perdida para los vecinos, porque mientras el dinero público no se traduzca en soluciones concretas, seguiremos enfrentando el mismo problema de que el dinero público no se traduce en bienestar.

(*) Mg. CPC. Exdecano del Colegio de Contadores Públicos de Lima