Minedu destina S/670 000 para contratar especialistas que agilicen procesos disciplinarios contra docentes denunciados por violencia sexual
El Minedu fortalecerá la atención de estos casos para evitar demoras en los procedimientos y garantizar que se determinen las responsabilidades y se apliquen las sanciones con rigor.
El Ministerio de Educación (Minedu) destinó S/670 364 para financiar la contratación por los últimos dos meses del año, de 64 abogados especialistas en procedimientos administrativos disciplinarios en las unidades de gestión educativa local (UGEL) de diversos gobiernos regionales. El objetivo es fortalecer la atención de los casos y agilizar los procedimientos contra docentes denunciados por presuntos hechos de violencia sexual contra estudiantes, anunció el viceministro de Gestión Institucional, Antonio Aleman Nakamine.
Explicó que la medida contempla una transferencia de partidas del presupuesto institucional del Minedu a favor de diversos gobiernos regionales, con recursos ordinarios, y se enmarca en la Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley 32618, que modifica la Ley de Reforma Magisterial.
Con esta asignación presupuestal para la contratación de especialistas por dos meses, el sector busca fortalecer la capacidad de las UGEL para tramitar los procedimientos disciplinarios, acelerar la atención de los expedientes abandonados por años y contribuir a que se determinen oportunamente las responsabilidades administrativas que correspondan.
El viceministro afirmó que el debilitamiento de los procesos de ingreso a la Carrera Pública Magisterial durante los últimos 15 años habría facilitado el acceso de personas que hoy enfrentan denuncias por violencia sexual contra estudiantes. Enfatizó, asimismo, que ningún docente sujeto a medida de separación preventiva puede continuar en funciones que impliquen contacto con estudiantes, conforme al marco legal vigente.
Precisó que los recursos permitirán financiar la contratación de especialistas para reforzar el seguimiento y la celeridad de los procedimientos disciplinarios, con el propósito de evitar que los expedientes permanezcan años sin resolución. El objetivo es que los procesos avancen con prontitud, se respeten los plazos y se adopten las decisiones y sanciones que establece la normativa.
“No podemos permitir que los expedientes permanezcan indefinidamente sin respuesta. Estamos reforzando el seguimiento para que los procedimientos avancen con celeridad, se pongan al día, se respeten los plazos y se determinen las responsabilidades que correspondan. La protección de los estudiantes es nuestra prioridad”, afirmó Aleman Nakamine.
El funcionario precisó que la separación preventiva tiene como fin proteger a los estudiantes y evitar el contacto con el docente investigado mientras la medida se encuentre vigente. Se trata de una disposición provisional, no una sanción definitiva, y debe distinguirse de la determinación final de responsabilidad administrativa o penal.
Desde 2024, el Minedu cuenta con el Módulo de Procedimientos Administrativos Disciplinarios (Módulo PAD), herramienta que permite identificar a los docentes sujetos a separación preventiva y generar alertas sobre su situación, facilitando el seguimiento y la atención prioritaria de los expedientes.
El viceministro señaló que según el Sistema Informático de Monitoreo de Expedientes (SIMEX), entre 2014 y julio de 2026 se registraron 3347 casos que concluyeron con la destitución de docentes por hechos contra la libertad sexual. Esta cifra corresponde a procedimientos finalizados con esa sanción y es independiente de los expedientes que aún se encuentran en investigación.
Las comisiones de procesos administrativos disciplinarios de las UGEL y las Direcciones Regionales de Educación (DRE) son responsables de tramitar estos casos y emitir las resoluciones correspondientes. El Minedu, como ente rector, establece el marco normativo, brinda asistencia técnica y supervisa el avance de los procedimientos.
Finalmente, el viceministro recordó que los directores de las instituciones educativas deben actuar de inmediato ante una denuncia de violencia sexual, activar los protocolos de protección, comunicar los hechos a la Policía Nacional del Perú y al Ministerio Público, informar a las instancias competentes y garantizar la atención y el acompañamiento de la víctima.
“La protección de los estudiantes exige una respuesta oportuna del Estado. El Minedu reafirma su compromiso de fortalecer los mecanismos de supervisión y seguimiento, proteger a los escolares y asegurar que los casos sean atendidos con celeridad, respetando el debido procedimiento y aplicando las sanciones que correspondan cuando se acrediten las responsabilidades”, dijo finalmente.
