La violencia, venga de donde venga, no puede ser combatida con violencia; la respuesta legítima será la pena, siempre provista de la razón, que es la base y cimiento del Derecho. Ir en la búsqueda de una justicia solo represiva, donde se quiere apelar a la ley del talión, resulta una postulación inaceptable en un orden democrático de derecho.
Acudir a los tentáculos de una justicia solo represiva, sostenida en una reacción igual o de mayor drasticidad que el hecho incriminado, no tiene cabida en un orden social y jurídico que tiene como sostén programático a la persona y el respeto irrestricto de su dignidad.
Llevado el discurso punitivo “maximalista” (draconiano) al caso de los menores infractores de la ley penal (por supuestos actos de violación sexual), significa dejar de lado la rehabilitación del penado, como lo demanda la Constitución Política del Estado (así como la corresponsabilidad de la sociedad en el delito); parece que, en tales supuestos criminológicos, no se tiene intención alguna de identificar la génesis de esta estructural violencia, las causas y la fuente de donde emergen estos graves hechos, para, de este modo, hacer solo uso de una justicia “reactiva”, que sin duda no comulga con un sistema penal en puridad “preventivo”, en cuanto a evitar que conductas de esta naturaleza sigan aconteciendo en sociedad; sin cuyo análisis y procesamiento no será posible articular verdaderas políticas públicas para enfrentar esta problemática de cara a un sistema de justicia que no solo puede ser represivo, sino más bien restaurador, reparador y de integración social.
Ello lo decimos ante un vendaval de manifestaciones de todo calibre, donde lo que se pide es que estos adolescentes infractores de la ley penal sean recluidos en establecimientos penitenciarios de adultos y, a su vez, castigados como mayores de edad.
No se dice nada de cómo evitar que más adolescentes incurran en estos crímenes ni de cómo tener menos víctimas en los indicadores delictivos, lo cual da cuenta de que no se está haciendo un abordaje completo de la delincuencia juvenil en el Perú, sin apuntalar la raíz del problema, como es reestructurar las bases organizativas disciplinarias de los colegios (mayores controles y supervisión permanente), así como lograr un mayor involucramiento de los padres de familia.
Detrás de estos jóvenes antisociales están las disfunciones familiares, propias de la violencia, las drogas y el alcohol, así como una total desatención de los padres hacia sus hijos, concentrados solo en generar mayores ingresos económicos.
Como lo hemos venido subrayando, la violencia criminal en nuestras sociedades es estructural y progresiva a la vez. Todo en la vida tiene un inicio y un fin; así pues, el asesinato o la violación sexual son el desembalse o, dígase, colofón de una serie de episodios conflictivos, que generalmente tienen como inicio el llamado bullying escolar, que es el pan de cada día en las escuelas del país.
Las autoridades competentes en el país reportan que, en lo que va de este año, se han registrado más de 11 mil casos de violencia física, psicológica y sexual contra estudiantes ante el Ministerio de Educación (Minedu), a través del Sistema Especializado en la Atención de Casos de Violencia Escolar (SíseVe).
Si es que se combate de manera temprana la violencia escolar, muy probablemente se evitará que se produzcan hechos tan graves como la violación sexual.
Pensar que solo mediante el uso del Derecho Penal esto se va a resolver es pura demagogia.
(*) Fiscal superior y coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas de Extinción de Dominio. Doctor en Derecho, Magíster en Ciencias Penales por la UNMSM. Docente universitario.
