La informalidad dejó de ser un problema que se observa solamente en determinados calles o sectores de la economía, porque hoy está presente en el comercio, el transporte, la construcción y en miles de pequeños negocios, convirtiéndose en parte de la vida cotidiana de muchas personas que encuentran en ella una manera de generar ingresos.
Según el INEI, el 70,7 % de la población ocupada tenía empleo informal en el periodo diciembre de 2025 a febrero de 2026, revelando que no estamos frente a una realidad marginal, sino ante una situación que alcanza a siete de cada diez trabajadores, mientras el país se prepara para elegir a sus nuevas autoridades municipales el próximo 04 de octubre.
Sin embargo, combatir la informalidad no puede reducirse a realizar operativos, imponer multas o desalojar comerciantes, porque detrás de cada puesto, cada vehículo y cada pequeño negocio existe una persona que está buscando trabajar para cubrir sus necesidades y cumplir con las responsabilidades mínimas del hogar. El verdadero desafío estará en ordenar las ciudades sin cerrar las puertas a quienes necesitan una oportunidad para formalizarse.
Ahí es donde los candidatos deberían explicar qué piensan hacer, dejando de lado las promesas generales y planteando propuestas concretas para facilitar la formalización, recuperar los espacios públicos y mejorar los servicios municipales. Pero también, preguntándose por qué tantos ciudadanos consideran que trabajar dentro de la legalidad resulta más complicado y costoso que permanecer en la informalidad.
“Según el INEI, el 70,7 % de la población ocupada tenía empleo informal en el periodo diciembre de 2025 a febrero de 2026”.
Además, existe una dimensión política que no puede ignorarse, porque los comerciantes, transportistas y emprendedores informales también votan y, en muchos casos, cualquier medida de ordenamiento puede ser percibida como una amenaza a sus ingresos, haciendo que algunos candidatos prefieran evitar el problema antes que asumir el costo político de enfrentarlo.
Por eso, estas elecciones deberían servir para discutir una cuestión que afecta directamente la calidad de nuestras ciudades, exigiendo a quienes aspiran a gobernarlas que expliquen cómo piensan poner orden sin convertir la sanción en la única respuesta, creando condiciones para que formalizarse deje de ser visto como un castigo y pueda convertirse en una verdadera oportunidad.
Al final, el ciudadano no debería preguntarse solamente quién promete acabar con la informalidad, sino quién tiene la voluntad y una propuesta viable para enfrentarla, entendiendo que una ciudad ordenada no se construye únicamente expulsando a quienes trabajan en las calles, sino generando reglas claras, oportunidades y autoridad para hacerlas cumplir.
(*) MG. CPC. y exdecano del Colegio de Contadores Públicos de Lima.
