Caso Huilca: la investigación policial que el relato político no puede borrar

Pedro Huilca Tecse no era un dirigente cómodo para Sendero Luminoso. Tenía peso real en Construcción Civil y en la CGTP, y se oponía a que esa organización terrorista se incrustara en las marchas y en el movimiento sindical. Ese dato no es una interpretación posterior: es el móvil que la propia organización terrorista proclamó y que un cabecilla senderista ratificó años después.

El 15 de julio de 2003, Óscar Ramírez Durand (a) “c. Feliciano”, declaró ante el Congreso que el genocida Abimael Guzmán había acusado a Pedro Huilca de enfrentar la presencia senderista en las movilizaciones de Construcción Civil y lo había calificado de enemigo del pueblo, “esquirol” y “vendeobreros”. Esa caracterización, en la lógica de aniquilamiento selectivo de Sendero, lo convertía en el “blanco perfecto”. El testimonio no sustituye una sentencia penal sobre quién disparó; sí destruye la tesis de que “Sendero no tenía motivo”.

Pedro Huilca fue asesinado el 18 de diciembre de 1992, a metros de su vivienda, frente a su hija Flor de María, su esposa y su hijastro. El 13 de enero de 1993, la DINCOTE formuló el atestado 008-D1. No fue un comunicado. Fue una investigación con declaraciones, reconocimientos, croquis, detenciones previas al crimen y reconstrucción de funciones del comando. Identificó al Destacamento Zona Norte del Comité Metropolitano, el reglaje, la reunión de cierre del plan, los roles de mando político y militar, y nombres de combate: “Edith”, “Hernán”, “Manolo”, “Benjamín”, “Martín”, “Óscar”, “Sergio”. El 18 de diciembre, a las 6:30 a. m., la policía detuvo a Yuri Iginio Huamán Gazani (a) “c. Sergio” y a José Marcos Iglesias Cotrina (a) “c. Óscar” cuando iban a “confiscar” (robar) un vehículo para la operación; se les hallaron explosivos. Esa no es una nota al margen. Es el expediente que debía confrontarse pieza por pieza.

El atestado incorporó, además, la copia del pasquín clandestino “El Diario” N.º 625 (diciembre de 1992-enero de 1993). Allí Sendero no “sugirió” la autoría: la reivindicó. Tituló “Duro golpe a la reacción: Huilca” y escribió que “la ejecución del vendeobreros Huilca”, hecha por un contingente del Ejército Popular de Liberación “que jefatura el presidente Gonzalo”, era el golpe político más demoledor de esa campaña, en el marco del centenario de Mao. Quien pretenda borrar a Sendero de este caso tiene que explicar primero esa portada y ese texto. No hay relato político que anule un órgano de propaganda que celebra el crimen.

Eso no autoriza a ocultar lo que vino después. El 4 de junio de 1997, el escrito de Aurelio Pastor negó que existiera una explicación lógica para que Sendero matara a Huilca. Ese argumento no confrontó El Diario ni el atestado. Sobre esa laguna se montó la tesis Colina, alimentada por cartas de Mesmer Carles Talledo y versiones de Clemente Alayo, y luego por un video de Talledo recibido por la CIDH en diciembre de 1997. Esas piezas existen. También existen sus contradicciones internas y su aparición tardía, años después de la investigación policial y de la reivindicación senderista.

Hay que decirlo entero. La CVR no estableció convicción judicial sobre la autoría. En 2005, la Corte Interamericana declaró la responsabilidad internacional del Perú a partir del allanamiento estatal y de los hechos que el Estado aceptó, no de un juicio contradictorio que hubiera desahogado el atestado 008-D1 frente a la tesis Colina. En 2023, la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria absolvió, por mayoría, a los integrantes del Grupo Colina por este homicidio, al no hallar prueba plena de su autoría. La familia apeló. Esa sentencia no “cierra la historia”: la obliga a volver a los documentos.

Tampoco se puede sustituir el expediente por frases genéricas sobre “lo que reconoció o no reconoció la familia”. Si Flor de María Huilca identificó o no a Margot Cecilia Domínguez Berrospi, “Edith”, eso se prueba con el acta original, la diligencia, las firmas y las declaraciones posteriores, no con recuerdos de campaña. Donde hay cambio de versión, se exhibe. Donde hay reconocimiento, se exhibe. Lo que no cabe es borrar la diligencia para sostener un relato.

La historia de Huilca no entra en un pie de foto. Entra con tres bloques que no se pueden amputar: el atestado de la DINCOTE y las capturas de 1992-1993; la reivindicación de “El Diario” y la hostilidad senderista documentada; y las decisiones posteriores (CVR, allanamiento ante la Corte IDH, juicio Colina y absolución de 2023). Omitir cualquiera de los tres no es memoria: es pedagogía de conveniencia.

Las futuras generaciones no merecen una consigna. Merecen el expediente. El caso Huilca debe entrar en los libros escolares con la investigación policial, la reivindicación terrorista y las controversias jurídicas posteriores. Una muerte de esta magnitud no se explica con un titular ideológico. Se explica con documentos, nombres, fechas y pruebas. Quien quiera otra autoría, que las desvirtúe. Lo que no puede hacer es decretar que esa investigación nunca existió.

(*) Exdirector de la DINI y la DIRCOTE