Proyecto Cachimayo en su hora final, por cuestionada actuación de Funcionarios del PNSU

• Una obra destinada a proteger de las lluvias a más de 200 mil cusqueños podría quedar paralizada indefinidamente debido a la actuación irregular del administrador de contratos del PNSU.

Una obra concebida para proteger de las lluvias a más de 200 mil pobladores del Cusco está a punto de ser paralizada indefinidamente. Se trata de la segunda etapa del proyecto de drenaje pluvial de la microcuenca Cachimayo, una intervención de infraestructura impulsada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) a través del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) y financiada mediante un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En diciembre de 2024, el Ministerio de Vivienda anunció que la obra, cuyo monto de inversión asciende a S/200’800,723.98, beneficiaría de manera directa a los pobladores de los distritos de Cusco, Santiago, Wanchaq y San Sebastián. La infraestructura proyectada contemplaba la construcción de 10.4 kilómetros de colectores, 180 sumideros y dos grandes tanques de almacenamiento de agua de lluvia de seis metros de profundidad, destinados a reducir el impacto de las inundaciones.

El contrato fue suscrito el 4 de diciembre de 2024 entre el PNSU y el Consorcio Cachimayo, y la ejecución debió comenzar el 3 de marzo de 2025. Sin embargo, apenas iniciados los trabajos, los vecinos de la zona impidieron el inicio de la construcción de los Tanques Tormenta del Sistema Casuarinas, que según el expediente técnico debían levantarse frente a sus viviendas. Ese conflicto social paralizó un frente de obra cuyo plazo de ejecución equivale, según el contrato, al 60% del total del plazo contractual.

Trabajadores expulsados por los pobladores

El cronograma oficial establecía que los tanques debían comenzar a ejecutarse el 14 de abril de 2025. Pero los vecinos ya habían expresado su rechazo a que estos reservorios se construyeran a escasos dos metros de las puertas de sus viviendas, argumentando inestabilidad del terreno y presencia de napa freática.
La tensión escaló el 28 de abril, cuando trabajadores del consorcio que realizaban labores de replanteo fueron expulsados a la fuerza por los pobladores.

El malestar continúa. En declaraciones recogidas por Expreso, la vecina Sthefani Arredondo Champi señaló: «Por lo que se ve, la obra se está ejecutando, incluso viendo personal trabajando los días domingos. La época de lluvias ya ha comenzado, por lo que se ha visto la formación de pozos de agua en los forados que han realizado. Ya han iniciado con las excavaciones; si el contrato se resuelve, toda la calle quedaría llena de huecos y excavaciones».

Cuestionamientos al administrador de contrato

Según la documentación revisada por la Unidad de Investigación de Expreso, la paralización de la obra se debió a la negativa de los vecinos a que se construyeran los reservorios. Sin embargo, el administrador de contratos del PNSU, ingeniero Raffo Sotomayor Cabrera, no solo desconoció ese hecho —pese a que los propios vecinos declararon públicamente ante los medios su rechazo a la ejecución de los tanques—, sino que además denegó la ampliación de plazo solicitada, a pesar de que la Supervisión había recomendado aprobarla.

La investigación de Expreso también accedió a documentación que muestra que Sotomayor intentó previamente resolver el contrato, recomendando iniciar el trámite de resolución contractual por vía notarial y atribuyendo un supuesto atraso al contratista. Ese intento se habría frenado luego de que el contratista recurriera al Poder Judicial para solicitar una medida cautelar.

Más aún, informes del propio PNSU y de la Supervisión reconocieron, mediante los documentos CCM-EHP-GEO-ADM-CAR-0189-2025 y CCM-EHP-GEO-ADM-CAR-0253-2025, que el atraso era atribuible a un conflicto social y no a la empresa ejecutora.

La Supervisión recomendó ampliar el plazo

El supervisor de la obra, Consorcio Concremat-Milla, recomendó al PNSU ampliar el plazo contractual en 158 días mediante la Carta N.° 0182-2026/CCM-JRMR-RCA, del 24 de julio de 2026. La recomendación se sustentó en que la paralización se produjo por un problema social que no fue causado por el contratista.

Sin embargo, el 8 de septiembre de 2026, el ingeniero Sotomayor emitió el Informe Técnico N.° 204-2026/VMCS/PNSU/UGPP-BID-CT-PNSU, mediante el cual denegó la ampliación, contradiciendo el sustento técnico y legal presentado por la Supervisión.

El 60% del plazo está comprometido

El problema adquiere mayor dimensión porque, de acuerdo con el expediente, los tanques tormenta representan el 36% del valor del contrato, pero su ejecución utiliza el 60% del plazo contractual. Es decir, si la ampliación no es aprobada, resulta materialmente imposible que el contratista recupere el tiempo perdido.

El proyecto queda así atrapado entre un conflicto social sin resolver y un funcionario cuestionado que anteriormente ya intentó resolver el contrato.

La historia de siempre

El riesgo de una nueva paralización vuelve a poner bajo la lupa la gestión del PNSU. Mientras los vecinos reclaman la pronta culminación de la obra, el contratista enfrenta el rechazo —al parecer irregular— de una ampliación de plazo que lo dejaría sin tiempo para culminar el proyecto.

La pregunta que queda abierta es quién asumirá la responsabilidad si una obra destinada a proteger a más de 200 mil cusqueños termina paralizada. En este caso, el ministro de Vivienda y el director ejecutivo del PNSU tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias para evitar que se perjudiquen más de 200 mil ciudadanos del Cusco.