Salir de casa y encontrarnos con calles congestionadas, veredas deterioradas y ocupadas, comercio informal o vehículos que circulan sin respetar las normas se ha convertido en parte de la rutina de muchas ciudades del país. Pero detrás de ese desorden cotidiano existe un costo que pocas veces calculamos y que termina afectando nuestro tiempo, nuestra seguridad y nuestra calidad de vida.
Según una encuesta de Ipsos Perú, el 70 % de los ciudadanos considera que el tráfico vehicular es uno de los principales problemas que afectan su vida cotidiana, una percepción que refleja cómo la falta de planificación urbana a cargo de los gobiernos locales termina teniendo consecuencias que van mucho más allá de las horas perdidas durante los desplazamientos en promedio de dos hasta tres horas promedio y esta recae en la calidad de vida familiar.
El problema no depende únicamente de la cantidad de vehículos que circulan por las calles, porque también intervienen la falta de planificación, el crecimiento desordenado de las ciudades, la deficiente gestión del transporte público, inadecuada señalización de tránsito a cargo de los municipios y la ocupación inadecuada de espacios públicos destinados a peatones, de modo que cualquier solución requiere mirar el problema de manera integral.
Pienso que uno de los primeros pasos debería ser recuperar la capacidad de las autoridades para planificar las ciudades pensando en las personas y no únicamente en el crecimiento urbano, porque una ciudad bien organizada necesita transporte eficiente, espacios públicos adecuados, vías seguras y reglas claras que sean respetadas por todos.
También resulta necesario mejorar la coordinación entre las diferentes autoridades del gobierno central, regional y local, ya que muchas decisiones relacionadas con transporte, infraestructura, comercio y seguridad terminan siendo tomadas de manera aislada, mientras los ciudadanos enfrentan diariamente las consecuencias de esa falta de articulación.
A ello se suma la responsabilidad de quienes vivimos en estas ciudades, porque respetar las normas de tránsito, mantener libres las veredas, sacar los residuos sólidos o desechos en los horarios establecidos por los municipios, utilizar correctamente los espacios públicos y evitar conductas que perjudican a los demás también forma parte de la construcción de una convivencia más ordenada.
Ordenar una ciudad tampoco significa llenarla de restricciones, sino establecer reglas, educar y fiscalizar a cargo de los gobiernos locales que permitan que todos puedan desplazarse, trabajar y utilizar los espacios públicos de manera adecuada, por lo que las autoridades deben combinar fiscalización con alternativas que permitan a quienes desarrollan actividades informales incorporarse progresivamente a esquemas más ordenados y sostenibles.
El crecimiento de nuestras ciudades es inevitable, pero el desorden no debería serlo, así que planificar mejor, articular y/o coordinar esfuerzos y recuperar el respeto por las normas puede transformar significativamente la manera en que vivimos y nos desplazamos, porque al final debemos preguntarnos algo que pocas veces hacemos: ¿cuánto nos cuesta vivir en una ciudad desordenada?
(*) Mg. CPC. y exdecano del Colegio de Contadores Públicos de Lima
