Durante muchos años, nos hemos acostumbrado a leer en el diario oficial El Peruano nombramientos de asesores para ministros, viceministros, secretarios generales y jefaturas de diversas entidades públicas, sean autónomas o no. Siempre nos pareció una exageración el número de asesores que se nombraban en las entidades del Estado, por lo que, al escuchar a la presidenta de la República en su mensaje a la Nación ante el Congreso de la República el 28 de julio próximo pasado, nos pareció más que conveniente su anuncio de terminar con trámites inútiles e incluso inconvenientes, dejando sin efecto requisitos inadecuados. Como sabemos, muchos trámites y requisitos en procedimientos administrativos se disponen para justificar empleos públicos y asesorías que no tienen razonabilidad alguna.
Lamentablemente, esa insana práctica no ha sido eliminada hasta ahora, pues la contratación de asesores en el sector público sigue creciendo, bastando leer la gaceta oficial para acreditar lo dicho. Es entendible que ministros y viceministros, igual que las jefaturas de altos organismos públicos, requieran asesorías especializadas, pero de allí a que los secretarios generales de ministerios requieran asesores, cuando su principal función es direccionar los pedidos que entran por mesa de partes, sea física o digital, nos parece un exceso. Más bien daría la impresión de que se trata de favoritismos amicales, que no deben ser sufragados con los impuestos que pagamos al fisco.
Si bien es verdad que la Ley del Servicio Civil N.° 30057 señala los requisitos que deben cumplir los funcionarios públicos, también debería determinar específicamente lo de los asesores e, incluso, para cada cargo el máximo de asesores, siempre y cuando sean requeridos. Se supone que quien va a ejercer cargo público conoce los requisitos para ello, en especial los específicos de la entidad del Estado contratante, y esta última tiene la obligación de verificarlos.
Lamentablemente, la contratación de asesores innecesarios, así como de consultorías de todo calibre, aunque no siempre requeridas, se ha convertido en una contraprestación por ayudas en campañas electorales. Esto, francamente, es indignante y donde más se observa es en el despacho de los parlamentarios. Si quieren entregar recursos, que lo hagan de su billetera, pero no del erario nacional. Cuanto más dinero mal utilizado proveniente del Presupuesto de la República, menos obras habrá en sectores como educación y salud, entre varios otros, lo que es absolutamente objetable.
Ahora bien, si el ministro o el jefe de organismo público desconoce las tareas, facultades y atribuciones de su cargo y requiere de asesor, mejor sería que renuncie al cargo y, en su lugar, se nombre al asesor. Penosamente, la función fiscalizadora del Parlamento en este tipo de situaciones será nula, ya que en el Congreso se peca de lo mismo, por lo que debería ser la Contraloría General de la República la llamada a tal fiscalización.
(*) Expresidente del Consejo de Ministros
