PPK sobre salvoconducto de Betssy Chávez: “No soy partidario, pero es mejor que se haya ido”
El expresidente Pedro Pablo Kuczynski consideró que el Gobierno actuó conforme a las normas internacionales al otorgar un salvoconducto a la exjefa del Gabinete, quien viajó a México tras recibir asilo político.
El exmandatario Pedro Pablo Kuczynski se pronunció sobre la salida del país de Betssy Chávez, ex primera ministra del gobierno de Pedro Castillo, quien abandonó el territorio peruano rumbo a México luego de permanecer varios meses en la sede de la embajada mexicana.
Durante una entrevista en RPP, PPK sostuvo que la decisión del Gobierno se ajustó a los compromisos internacionales asumidos por el Perú en materia de asilo. Aunque aclaró que no mantiene afinidad política con Chávez, consideró que su salida se produjo dentro del marco establecido por los tratados vigentes.
“No soy partidario de Betssy ni nada, pero eso es el documento que hay”, afirmó el exjefe de Estado al referirse a las disposiciones de la Convención de Caracas.
Kuczynski explicó que, de acuerdo con dicha normativa, cuando un Estado concede asilo a una persona y corresponde autorizar su salida, el país donde se encuentra debe otorgar el salvoconducto respectivo para permitir su traslado hacia otro territorio.
“Lo que dicen los críticos es que ella estaba siendo juzgada, que se ha fugado, pero eso no es lo que dice la Convención de Caracas”, señaló PPK, quien insistió en que el Perú debía respetar sus obligaciones internacionales.
Betssy Chávez ya se encuentra en México
Las declaraciones del expresidente se producen después de que el canciller Carlos Espá confirmara la salida de Chávez del Perú. La exministra dejó el territorio nacional cerca de la medianoche y viajó hacia Ciudad de México en un avión militar.
Chávez permanecía desde el 3 de noviembre en la sede diplomática mexicana, donde recibió protección en calidad de asilada política. Su salida se concretó luego de que el Gobierno peruano autorizara el salvoconducto correspondiente.
La exjefa del Gabinete cumple una condena superior a 11 años de prisión por el delito de conspiración para la rebelión, proceso que generó cuestionamientos sobre la decisión de permitir su salida del país.
El caso también reavivó el debate político y jurídico sobre los límites del derecho de asilo y las obligaciones internacionales del Estado peruano.
