Para combatir la inseguridad y corrupción no se necesitan leyes, sino decisiones

Este nuevo gobierno debe recordar al expresidente Alberto Fujimori, quien, en 1990, respetando la meritocracia, decidió solicitar facultades legislativas a fin de que se elaborara un nuevo Código Penal. Para tal efecto, se nombró una comisión presidida por el Dr. Luis Eduardo Roy Freyre e integrada por representantes del Poder Judicial, del Poder Legislativo, del Ministerio Público y de las facultades de Derecho de las universidades públicas y privadas, entre otras instituciones. La comisión concluyó su trabajo en marzo de 1991 y entregó el proyecto para su promulgación. Sin embargo, el Senado de la República, presidido por Javier Alva Orlandini, solicitó dicho proyecto, nombró una comisión revisora presidida por él y luego lo devolvió al Ejecutivo para su promulgación, desapareciendo el nombre del Dr. Luis Eduardo Roy Freyre, no solamente como presidente, sino también como miembro de la comisión. Algunos políticos no respetan la meritocracia.

El actual Código Penal de 1991, elaborado por especialistas, ha sido modificado en más de 700 oportunidades y, originalmente, solo tenía 452 artículos. Las modificaciones son carentes de técnica jurídica, incongruentes, contradictorias e incoherentes. Por tal motivo, se deben solicitar facultades para elaborar un nuevo Código Penal por especialistas.

Se debe nombrar una comisión de élite para combatir la criminalidad organizada, integrada por exmiembros de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de la PNP que fueron enviados al retiro por los últimos gobiernos, así como por integrantes del GEIN y otros especialistas con el conocimiento y la experiencia necesarios para elaborar planes y estrategias a fin de hacer frente a este flagelo criminal.

Respecto al problema carcelario, recordemos que antes de 1986 la Guardia Republicana tenía como función vigilar las fronteras y las cárceles. En la actualidad, pretender otorgar la función de custodia a las FF.AA., cuando no forma parte de sus competencias, implica recurrir a medidas efectistas y no efectivas, bajo el argumento de que en otros tres países ha dado resultado.

Tenemos conocimiento de la existencia de tres o cuatro cárceles inconclusas; sin embargo, el Estado no tiene dinero y tampoco se ha investigado lo ocurrido, sobre todo respecto de los pagos por adelantado que se hayan efectuado. En cuanto a la construcción de nuevos centros penitenciarios, centros educativos y hospitales, recurramos a la empresa privada mediante la modalidad de obras por impuestos. Que los colegios de Ingenieros y de Arquitectos elaboren los planos en los terrenos que los ministerios designen, previo cumplimiento de los trámites correspondientes. Consideramos que, dada la triste experiencia que tenemos en materia de construcciones, no deben intervenir funcionarios del Estado desde el momento en que la empresa privada asume su responsabilidad.

Frente al cambio climático y Fenómeno El Niño, se debe recurrir a las Fuerzas Armadas para que colaboren con la limpieza de los cauces y la colocación de barreras, como se hizo en Ecuador, a fin de evitar el desborde de los ríos. Desgraciadamente, tenemos tristes experiencias en las regiones y municipalidades, cuyos funcionarios se han apropiado de ingentes sumas de dinero y no han hecho nada para proteger la vida y la salud de los peruanos.

No les pasa nada, habiendo incurrido algunos de ellos en el delito de peculado doloso agravado. No son denunciados, investigados ni sancionados gracias a algunos fiscales y a la Contraloría. No denuncian, y algunos delincuentes están en sus casas mientras gente inocente permanece presa. Ya es tiempo de que denunciemos a los malos fiscales.

(*) Exdecano del CAL