La inseguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los peruanos porque limita las actividades económicas y modifica la forma en que las personas desarrollan su vida cotidiana. Hoy, ya no se trata únicamente de evitar determinadas zonas o salir a ciertas horas, sino de una sensación permanente de incertidumbre que se extiende por gran parte del país.
Según una encuesta de Ipsos Perú, el 76 % de ciudadanos considera que la delincuencia y la inseguridad ciudadana constituyen el principal problema nacional. Esta cifra refleja la urgencia de adoptar medidas que respondan a las necesidades de la población, pero también la importancia de construir estrategias que puedan sostenerse en el tiempo.
La delincuencia es un fenómeno complejo que no puede enfrentarse únicamente con acciones de corto plazo, debido a que detrás de este problema existen factores como el crimen organizado, la informalidad, las economías ilegales y las limitaciones que aún enfrentan las instituciones encargadas de prevenir y combatir el delito.
Uno de los principales retos del nuevo gobierno será convertir la seguridad ciudadana en una verdadera política de Estado, articulando el trabajo de la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial, los gobiernos regionales y las municipalidades, para enfrentar un problema que afecta a todo el país.
También será necesario fortalecer las labores de inteligencia e investigación criminal, incorporar mayor tecnología para la prevención del delito y recuperar progresivamente los espacios públicos, ya que la seguridad no depende únicamente de incrementar la presencia policial, sino también de mejorar la capacidad del Estado para anticiparse a las organizaciones criminales y responder con mayor eficacia.
A ello se suma la importancia de impulsar el servicio militar obligatorio, programas de prevención dirigidos a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad, debido a que reducir la violencia también implica generar mayores oportunidades educativas, recreativas, culturales, deportivas y laborales que contribuyan a disminuir los factores de riesgo asociados a la delincuencia.
La ciudadanía espera resultados concretos, pero también decisiones responsables que permitan fortalecer las instituciones encargadas de proteger a la población. Recuperar la seguridad demandará tiempo, recursos y continuidad en las políticas públicas, razón por la cual será fundamental evitar que este tema quede condicionado por los cambios políticos o por medidas improvisadas.
La lucha contra la inseguridad no admite más improvisaciones, porque el país necesita una estrategia integral, sostenida y basada en resultados para devolver la tranquilidad a los peruanos. La seguridad no debería medirse por la cantidad de operativos que se anuncian, sino por la tranquilidad con la que los peruanos puedan volver a caminar por sus calles. Ese será, finalmente, el verdadero indicador del éxito de cualquier gobierno.
(*) Mg. CPC. y exdecano del Colegio de Contadores Públicos de Lima
