La compra de 24 aviones F-16 por parte de Argentina ha sido presentada como una gran noticia para la defensa nacional, porque tras años sin capacidad de combate supersónico, el país vuelve a contar con aeronaves capaces de cumplir esa función.
Sin embargo, cuando se revisan los números comienzan a aparecer algunas preguntas como el acuerdo con Dinamarca, que contempla un desembolso de unos 300 millones de dólares, pero el costo total de la operación se acercaría a los 600 millones. Ello sumando armamento, repuestos, entrenamiento, logística y soporte técnico con lo cual el precio final termina siendo el doble de lo que se había anunciado.
Y es precisamente en ese momento cuando surge una comparación que ha generado polémica, porque mientras Argentina pagará cientos de millones de dólares por sus F-16, Rumania recibió aeronaves similares procedentes de Países Bajos por el valor simbólico de un euro. La diferencia parece tan grande que resulta inevitable preguntarse qué está pasando.
Por supuesto, las situaciones no son exactamente iguales, ya que el caso rumano forma parte de una estrategia militar vinculada a la OTAN y a la guerra en Ucrania. Además, aunque los aviones se entreguen prácticamente gratis, siempre existen costos posteriores de operación y mantenimiento.
Entonces, si otros países consiguen condiciones tan favorables surgen las interrogantes ¿Negoció Argentina el mejor acuerdo posible? ¿Existieron otras alternativas? ¿Se informó con claridad cuánto costaría realmente el programa? Son preguntas que deben responderse sobre todo cuando se habla de cientos de millones de dólares provenientes de los contribuyentes.
Tampoco se trata de discutir si Argentina necesita o no una fuerza aérea moderna, porque toda nación tiene derecho a garantizar su defensa. El problema aparece cuando la información llega a cuentagotas y las explicaciones oficiales no son suficientes para despejar las inquietudes de la ciudadanía.
Al final, el debate no gira únicamente alrededor de los F-16, sino que está en juego la transparencia con la que se toman decisiones de enorme impacto económico para ese país, porque cuando una operación cuesta 600 millones de dólares, la población tiene derecho a conocer no solo cuánto se paga, sino también por qué se paga y si realmente se obtuvo el mejor trato posible.
(*) Abogado y exdecano del Colegio de Contadores Públicos de Lima
