En estas últimas semanas ha estado sonando muy fuerte un presunto indulto presidencial a favor del expresidente Pedro Castillo, por parte del jefe de Estado encargado, José María Balcázar, lo cual no solo resultaría un nuevo oprobio para nuestra historia republicana, sino también una acción política totalmente inconstitucional y antitécnica.
Si bien la Constitución Política del Perú faculta al presidente de la República, en determinados casos, a otorgar indultos, estos se refieren claramente a personas que tienen condenas firmes, que han sido objetos de cosa juzgada, esto es, resoluciones que han quedado consentidas en todas sus instancias y que ya son inapelables.
En el caso del expresidente Pedro Castillo Terrones, su sentencia por los delitos de rebelión y conspiración para rebelión, si bien mereció una condena de 11 años y 5 meses de pena privativa de libertad (por lo cual purga prisión), su defensa técnica decidió impugnar, apelar dicha sentencia, con lo cual el proceso penal por el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 (delito de rebelión) prosigue, continúa abierto contra él y su entorno golpista, por lo cual Castillo Terrones sigue en la condición de procesado.
Como se sabe, nuestra Constitución Política otorga el derecho de indulto solo para condenados con sentencia firme, no para procesados.
Por ello sería inconstitucional y antitécnico que Pedro Castillo salga libre bajo este beneficio. Por otro lado, tampoco el actual presidente encargado José María Balcázar podría otorgarle al expresidente Pedro Castillo la libertad tomando como base legal la gracia presidencial, ya que esta solo faculta al jefe de Estado poder otorgarla no por razones humanitarias (que tampoco existen) sino porque existiría una investigación fiscal y judicial excesivamente larga y abusiva. En el caso del expresidente Castillo, este escenario legal tampoco se da, porque ya obtuvo condena, aunque solo se trate en primera instancia. Desde el tema ético y sociopolítico, también sería un pésimo precedente, tomando en consideración que todo golpe de Estado debe considerarse como un asesinato a la democracia, una subversión del orden constitucional que debe merecer el repudio de la ciudadanía y la máxima sanción punitiva estatal. No importa que el golpe de Estado se llame autogolpe, o este sea de derecha, centro o izquierda ideológica.
Todos los golpes de Estado son repudiables, vengan de donde vengan. Consecuentemente, si al actual presidente de la República encargado se le ocurre liberar a Castillo, a apenas 10 días de dejar el cargo para que asuma la nueva presidenta electa, seguramente el próximo Congreso bicameral se encargará, y con toda razón, de iniciarle a él, y a los ministros firmantes de dicha resolución de libertad a Pedro Castillo, una acusación constitucional por infracción de la Carta Magna, ello sin contar con los delitos que puedan acarrear su evidente inconducta funcional. Están advertidos.
(*) Exvicepresidente del Perú
