Piero Corvetto habría cometido delitos, según la Contraloría
Está entre los 10 funcionarios de la ONPE hallados responsables
Entre los 10 funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que tienen presuntas responsabilidades penales y administrativas por las irregularidades en la primera vuelta electoral, se encuentra el exjefe de dicho organismo, Piero Corvetto.
El informe también alcanza a José Edilberto Samamé Blas, Juan Antonio Phang Sánchez, Lilia Flores Bancho, Juan Pestana Uribe, William García Velásquez, Edward Alarcón González, Roberto Montenegro Vega, Yuvitza Aguilar y Jesús Félix Atúncar, quienes habrían intervenido en la planificación y ejecución del transporte del material electoral.
Según el informe especial, los términos de referencia no habrían establecido con precisión la cantidad real de vehículos necesarios para el despliegue logístico, lo que generó modificaciones en el proceso de contratación. Esa situación habría favorecido a la empresa Galaga S.A.C., adjudicataria de un contrato superior a S/6.3 millones.
El documento detalla que la empresa ejecutó el servicio con 437 vehículos de terceros, equivalentes al 92% de la flota utilizada, mientras que solo el 8% correspondía a unidades propias, lo que evidenciaría debilidades en el control de las condiciones exigidas.
Asimismo, se habrían aprobado pagos adicionales por más de S/650 mil sin sustento técnico ni legal, además de incrementos de hasta 900% en servicios de traslado de equipos informáticos.
En el ámbito operativo, la reprogramación tardía de rutas y la subestimación de tiempos de traslado provocaron retrasos en la distribución del material electoral, afectando a 3,605 mesas de sufragio y dejando 187 sin instalarse en Lima Metropolitana, con impacto en 55,261 electores.
