La opacidad del sistema y el imperativo del dato: por qué la democracia no puede ser una burla

Ejercitar la virtud de la objetividad en el Perú actual exige un esfuerzo casi sobrehumano. Implica desmantelar cualquier valoración pasional para mirar los hechos exactamente como son, en sí mismos. En medio de un escenario profundamente polarizado rumbo a la segunda vuelta electoral, la rectitud de intención se convierte en el único estandarte legítimo frente al grito ensordecedor de las tribunas y las narrativas convenientemente construidas por las cúpulas políticas. Hoy, más que nunca, la máxima es categórica: Dato mata Relato.

La verdadera fiscalización no es una percepción abstracta ni un discurso de campaña; se demuestra con papeles. Lo acontecido en el distrito de Lurigancho-Chosica es una muestra dolorosa de cómo se instrumentaliza el aparato local. Mientras los líderes de las organizaciones políticas se sientan en secreto a cocinar alianzas de espaldas al país, la realidad administrativa revela un modus operandi burdo: siete órdenes de servicio correlativas, siete informes de consultoría de apenas una página de extensión, y una misma fotografía clonada mes tras mes como única “evidencia” de asesorías legales que suman S/ 42,000 de fondos públicos. Que la beneficiaria de este esquema sea la candidata a la primera vicepresidencia de la República por Juntos por el Perú, Analí Márquez Huanca, nos obliga a formular una pregunta de fondo: ¿se están utilizando las municipalidades de Lima Este como “caja chica distrital” para sostener estructuras partidarias?

Lo sórdido, cruel y perverso de este escenario no es un hecho aislado, sino la punta de un iceberg institucional sumergido en la opacidad. Mientras el ciudadano de a pie observa con profunda desconfianza el devenir del proceso, los organismos que deberían garantizar la transparencia actúan con una ligereza que espanta. Organizar cenas de gala internacionales para veedores en plena crisis de legitimidad no es un mero “acto protocolar”, como pretende justificar el magistrado del JNE, Roberto Burneo; es una preocupante falta de empatía y de prudencia institucional.

La desconfianza no nace del vacío, se alimenta de la falta de idoneidad. Llegar al extremo de descubrir que la ONPE contrató para auditar el software del sistema de votación a una firma cuyo registro e historial legal conduce a un centro de masajes ya no es solo indignante, es una burla explícita al país. ¿Es posible sostener jurídicamente la legitimidad de un resultado electoral bajo estas condiciones de opacidad?

Frente a la debilidad de las instituciones, la respuesta no puede ser el repliegue. Estrategias como el reclutamiento masivo de 100,000 personeros por parte de Fuerza Popular abren una doble lectura: ¿es una legítima y necesaria defensa del voto en el escrutinio de mesas o es la antesala lógica de una crisis de legitimidad irreversible si las matemáticas no favorecen sus expectativas?

El ciudadano de la era digital ya no puede comportarse como un espectador pasivo de su propio destino. Debe transformarse en un prosumidor de la verdad: un actor capaz de escanear la realidad, exigir rendición de cuentas y confrontar el relato con la matemática exacta de los hechos. La estabilidad jurídica y democrática del Perú no se va a salvar con el apasionamiento ideológico ni con el silencio cómplice. Se salvará cuando tengamos la valentía de mirar los datos con absoluta honestidad, rescatando la dignidad humana y el respeto por el bien común por encima de las siglas. Porque al final del día, la verdad nunca se encontrará en el grito más fuerte, sino en la solidez de las pruebas.

(*) Marketing 5.0 I Análisis Político Moderno I Humanización con Propósito