En el debate público hay propuestas que regresan una y otra vez. No porque hayan demostrado funcionar, sino porque suenan bien. Prometen soluciones rápidas, justicia inmediata y un Estado capaz de ordenar lo que el mercado no logra. El problema no es la intención. El problema es el resultado.
Cada cierto tiempo aparece la idea de que una autoridad puede organizar mejor la economía. Que puede decidir qué producir, cuánto producir y para quién, corrigiendo desigualdades y evitando abusos. Suena razonable. Pero en la práctica choca con un límite simple: nadie tiene toda la información. Una economía es una red compleja de decisiones que cambia constantemente. Cuando se reemplazan las decisiones descentralizadas por órdenes centralizadas, los errores no desaparecen; se multiplican.
A eso se suma un problema de incentivos. Cuando quien decide no asume directamente el costo de equivocarse, el error no se corrige con la misma rapidez. Se financia, se traslada, se vuelve permanente. Y lo que se presenta como solución termina deteriorando servicios, encareciendo costos o frenando inversiones.
Luego está el poder. Toda propuesta que promete ordenar la economía desde arriba necesita concentrar decisiones. Y cuando se concentra el poder económico, también se concentra el poder político. Lo que comienza como una promesa de justicia termina dependiendo de la calidad y los intereses de quienes controlan ese poder.
Por eso hay ideas que fracasan de forma recurrente. No por falta de buenas intenciones, sino porque ignoran cómo funcionan la información, los incentivos y las decisiones en una sociedad compleja.
Pero también hay lecciones claras sobre lo que sí funciona. Los países que han logrado que más personas vivan mejor no apostaron por soluciones totales ni por promesas grandilocuentes. Construyeron reglas claras, promovieron competencia, mantuvieron estabilidad y ofrecieron servicios públicos de calidad. Entendieron que el crecimiento no es un lujo, sino la base que permite sostener cualquier política social.
La diferencia es menos ideológica de lo que parece. No se trata de etiquetas, sino de resultados. Entre propuestas que suenan bien y propuestas que funcionan.
Y si el objetivo es mejorar la vida de quienes más lo necesitan, la evidencia es clara: no se logra concentrando decisiones, sino creando las condiciones para que más personas puedan progresar por sí mismas.
(*) Abogado penalista
