Congreso aprueba aumento del 50% en asignación de militares acuartelados
El Pleno del Congreso de la República aprobó de manera unánime un dictamen que establece el incremento del 50% en la asignación económica mensual destinada a los militares acuartelados que prestan servicio permanente en las Fuerzas Armadas. Esta medida busca actualizar los montos que, según el propio Legislativo, no habían sido reajustados desde el año 2012.
El dictamen, sustentado en los Proyectos de Ley 4122/2022-CR, 7073/2023-CR y 14305/2025-PE, precisa que el objetivo es “actualizar la escala de la asignación económica mensual acorde con las funciones y responsabilidades asumidas por el personal que presta el servicio militar acuartelado”. En la actualidad, los montos que reciben los efectivos varían aproximadamente entre S/256 y S/802, dependiendo del cargo asignado.
Durante el debate, se argumentó que este incremento responde a las condiciones de riesgo propias del servicio militar. En el texto se señala que estas labores implican “riesgos y contingencias inherentes a la naturaleza de sus actividades, que pueden comprometer su integridad física, su salud e incluso su vida”, especialmente en contextos de lucha contra el terrorismo, minería ilegal y control del orden interno en zonas de emergencia.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, Alejandro Soto Reyes, sostuvo que la medida es necesaria debido a la falta de actualización de la asignación económica durante más de una década. Además, advirtió el impacto de la inflación acumulada, señalando que “la información del proceso inflacionario desde el año 2012 a la fecha… se ha incrementado, acumulándose… en un promedio de 52.00 %”, lo que evidencia —según el dictamen— una “desatención total del Estado”.
Finalmente, el Congreso también aprobó en la misma sesión otro dictamen relevante: el que garantiza el derecho al “descanso sentado” para trabajadores que realizan labores prolongadas de pie. Esta norma plantea la entrega de sillas o asientos ergonómicos y considera que la falta de pausas puede constituir una “condición de trabajo abusivo o de hostilidad laboral”.
