La decisión anunciada por la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, de suspender las clases presenciales y trasladarlas a la virtualidad como respuesta a la crisis energética revela mucho más que una simple medida administrativa.
Revela una preocupante forma de gobernar: la del facilismo, la pasividad y falta de fiscalización a la empresa concesionaria. La emergencia originada por los incidentes ocurridos en el ducto operado por Transportadora de Gas del Perú (TGP), infraestructura estratégica para el abastecimiento energético de todo el país, ha dado lugar a que el gobierno opte por la actitud más cómoda: i) disponer que nuestros estudiantes regresen a la virtualidad pese a la lamentable experiencia que tuvimos durante pandemia y que nos ha costado daños irreparables y, ii) aceptar sin mayor cuestionamiento los plazos que unilateralmente la propia compañía ha señalado le demandará reparar la falla.
En otras palabras, el Ejecutivo se ha limitado a escuchar el diagnóstico de la empresa y esperar pacientemente a que el problema lo resuelva la concesionaria a su propio ritmo cuando lo que debió haber hecho el gobierno es exigir a la concesionaria restablecer el servicio en el menor tiempo posible, desplegando todos los recursos técnicos y humanos necesarios exigiendo trabajos continuos las 24 horas diarias, ampliar el número de especialistas en campo, movilizar equipos adicionales y reducir al máximo los plazos de reparación.
Pero nada de eso se escucha con claridad en el discurso oficial. En cambio, la respuesta ha sido trasladar el problema a los ciudadanos. Suspender las clases presenciales y promover el teletrabajo equivale, en la práctica, a decirle al país que se quede en casa para no gastar combustible. Una medida que evidencia desconexión con la realidad nacional.
El Perú no puede detenerse ni digitalizar su vida cotidiana de un día para otro. Los transportistas deben salir a trabajar. El carnicero abre su negocio cada mañana. El panadero enciende el horno antes del amanecer. Médicos, enfermeras, comerciantes, técnicos, obreros y millones de trabajadores dependen del trabajo presencial para sostener a sus familias. Mientras tanto, el precio del combustible ya empezó a subir y el impacto se traslada rápidamente al costo del transporte, de los alimentos y de los servicios.
Como suele ocurrir, la factura de la crisis la terminamos pagando los ciudadanos de a pie. Lo más preocupante no es la emergencia en sí, sino la respuesta facilista frente a ella.
Un gobierno que se limita a administrar la crisis sin exigir responsabilidades ni acelerar soluciones transmite un mensaje peligroso: que frente a los problemas estructurales del país, el Estado prefiere acomodarse antes que actuar con firmeza. Y cuando el Estado opta por el facilismo, quienes terminan asumiendo las consecuencias son siempre los mismos: los peruanos que cada día salen a trabajar porque simplemente no pueden darse el lujo de esperar y quedarse en casa.
(*) Abogada penalista y exprocuradora del caso Odebrecht.
(*) Candidata de Renovación Popular al senado con el N° 4 .
