Como oficial antiterrorista con 34 años en la DIRCOTE y exdirector de inteligencia, he visto cómo narrativas distorsionadas debilitan la democracia tanto como las bombas. Hoy, Perú está inmerso en una guerra cultural, intensificada desde el estallido de 2022-2023 y con virulencia en 2025-2026, dividiendo la sociedad sobre identidad, historia y valores. Ignorarla erosiona el Estado y abre puertas a extremismos.
El término, con raíces globales pero local, se ha instalado en el debate. Analistas como Michael Reid lo llaman “muy destructiva” post-Castillo, y medios como El Montonero lo ven como batalla contra progresismo y eje bolivariano. Informes de 2025 registran más de 100 vulneraciones a derechos culturales (Asociación Nuestro Sur), desde censura hasta privatización de patrimonio.
Ejemplos contundentes: Protestas 2022-2023 dejaron al menos 49 muertes (CIDH), con narrativas bifurcadas. Batalla por memoria: LUM, basado en CVR (2003), presenta “conflicto armado interno” – error progresista -. Fue terrorismo puro: Sendero causó 54% de 69.000 víctimas.
Destitución arbitraria de Manuel Burga en 2025 por presiones del Congreso. Seguridad: Ley contra terrorismo urbano aprobada en 2025 tipifica extorsión y sicariato con penas hasta perpetua. Redes: Polarización extrema en TikTok (anti-género, anti-LGBTQ+), rumbo a 2026. ¿Por qué alerta máxima? Agrava inseguridad, pobreza y corrupción; victimiza bandos y cierra diálogo.
Perú debe salir de la trinchera: defender protestas pacíficas, sancionar acciones terroristas (como la ley antiterrorista desde 1992) y construir memoria equilibrada sin equiparar victimarios. Con mi trayectoria, afirmo: la victoria es con verdad, justicia y unidad. De lo contrario, nos destruirá desde dentro. ¿Estamos dispuestos a ganarla con hechos y diálogo?
(*) Exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).
(*) Exjefe de la DIRCOTE.
