La Constitución y la ley de partidos políticos fueron concebidas para fortalecer la democracia, garantizar la representación ciudadana y dar igualdad de oportunidades en la competencia electoral. Sin embargo, en el Perú hemos llegado a una situación vergonzosa: se ha instalado un uso mercantilista de la política, donde la inscripción de partidos se ha convertido en un negocio y el financiamiento público en una caja chica para unos cuantos vivos que viven de la política.
La proliferación de organizaciones políticas creadas con firmas falsas es el síntoma más brutal de esta enfermedad y que en su oportunidad denuncie ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que anule la inscripción de dichos partidos políticos, sin embargo, el JNE prefirió hacerse de la vista gorda y ahora esos partidos no solo participaran en las próximas elecciones del 12 de abril sino que están recibiendo dinero del Estado para su campaña electoral.
No estamos ante meras irregularidades administrativas, sino ante un fraude estructural contra la voluntad popular. Partidos de papel, sin militancia real, sin doctrina, sin vida orgánica, fabricados para ser vientres de alquiler y para acceder a los recursos que el Estado entrega para la franja electoral y el financiamiento de campañas. Es decir, para vivir de los impuestos que pagamos todos los peruanos.
El caso del partido Primero la Gente es emblemático. Más que Primero la Gente, ha quedado claro que debió llamarse “Primero la Plata de la Gente”. Las serias denuncias periodísticas sobre el uso de firmas falsas para su inscripción y las revelaciones sobre el manejo irregular de los recursos públicos a favor de su socio fundador Miguel Castillo a través de su medio Nativa, confirman lo que venimos denunciando: es un vientre de alquiler al servicio de intereses personales y coyunturales que hoy funciona como plataforma para la candidatura presidencial de Marisol Pérez, mañana será otro nombre, otro logo, pero la misma lógica mercantil.
El financiamiento público de los partidos políticos fue promovido e impulsado en el 2018 por el entonces presidente Martín Vizcarra, hoy sentenciado por corrupción, quien convocó al referéndum e indujo al voto con la fórmula “SÍ, SÍ, SÍ, NO” y millones de peruanos votaron disciplinadamente por dicha fórmula sin saber siquiera por qué estaban votando.
Hoy, el partido de Vizcarra también recibe dinero público para financiar la campaña de su hermano a la presidencia de la república. Esta ley lo que ha hecho es incentivar la mercantilización de los partidos políticos para acceder a fondos públicos con más fraude, corrupción y desprestigio de la democracia.
Ahora el JNE deberá fiscalizar el uso correcto de los fondos entregados, pero lo más importante es que esta ley debe ser derogada. Y lo digo con claridad: de llegar al Senado Nacional en el Congreso de la República, impulsaré su derogatoria.
El que quiera hacer campaña política para ocupar un cargo de elección popular deberá hacerlo con sus propios recursos y con el aporte voluntario de sus simpatizantes, pero no con el dinero de todos los peruanos. Solo así empezaremos a separar a los verdaderos representantes de los simples mercaderes de la política.
(*) Abogada penalista y exprocuradora del caso Odebrecht.
Candidata por Renovación Popular al senado con el N° 4.
