Sin fronteras contra el terror narco: por qué la soberanía no puede ser escudo de los cárteles

La declaración del presidente Donald Trump en enero de 2026 – “Sabemos dónde viven los narcos y los atacaremos”, con posibilidad de acciones en “cualquier lugar”, incluyendo México – representa un punto de inflexión en la lucha contra el narcotráfico transnacional. Como experto en terrorismo, considero que esta postura, aunque controvertida, es una medida necesaria y potencialmente efectiva si se enmarca correctamente, superando el obstáculo de la soberanía nacional que ha paralizado avances reales durante décadas. Lo he vivido en carne propia en operaciones policiales transnacionales, donde la falta de coordinación generó retrasos e impunidad a los delincuentes. 

El narcotráfico no es solo un problema de crimen organizado: es una forma de terrorismo económico y social. Los cárteles mexicanos, como el de Sinaloa o Jalisco Nueva Generación, emplean tácticas terroristas clásicas: decapitaciones públicas, masacres selectivas para infundir terror, control territorial mediante miedo, extorsión sistemática a comunidades y – lo más grave – corrupción de autoridades para subvertir el Estado. 

En México, han asesinado candidatos, periodistas y funcionarios, generando un clima de parálisis institucional comparable al que grupos como las FARC-EP o Al Qaeda han impuesto en sus zonas de influencia. La diferencia radica en el objetivo: mientras el terrorismo ideológico busca cambio político o religioso, el de los cárteles persigue lucro ilimitado, pero el método – el terror como herramienta de control – es idéntico. En 2025, la administración Trump dio un paso decisivo al designar a varios cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) y Terroristas Globales Especialmente Designados mediante órdenes ejecutivas y del Departamento de Estado. 

Esta calificación no es retórica: habilita las herramientas antiterroristas probadas, como congelamiento de activos globales, prohibición de transacciones financieras, uso de fuerzas especiales sin necesidad de autorización plena de gobiernos anfitriones en ciertos escenarios, y mayor coordinación internacional bajo marcos como la Resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de la ONU. Ahora analicemos la soberanía, invocada por la presidenta Claudia Sheinbaum al rechazar intervenciones directas: es un principio legítimo, pero no puede convertirse en escudo para actores que operan como ejércitos privados transnacionales (no solo México es el afectado). El fentanilo producido en laboratorios mexicanos y traficado a EE.UU. causa más de 70,000 muertes anuales por sobredosis – una cifra que supera con creces las víctimas de muchos atentados terroristas-.

 Esta crisis de salud pública y seguridad nacional trasciende fronteras: ignorarla por formalismos soberanos equivale a permitir que un “Estado paralelo” dicte términos a naciones democráticas. El mundo ya ha superado fronteras en la lucha antiterrorista post-11S; el narcoterrorismo merece el mismo tratamiento global, con coaliciones que prioricen inteligencia compartida, operaciones quirúrgicas y apoyo a instituciones locales sin invasiones masivas. Una acción militar selectiva – drones, fuerzas especiales o strikes precisos contra líderes y laboratorios clave – podría replicar éxitos parciales vistos en Colombia contra las FARC o en operaciones contra ISIS.

 No eliminaría el problema de raíz (la demanda en EE.UU. y la pobreza en origen persisten), pero sí desarticularía estructuras jerárquicas, interrumpiría flujos financieros y enviaría un mensaje disuasorio: el terror narco ya no gozará de impunidad geográfica. México ha mostrado disposición reciente al extraditar “peces gordos” y cooperar en seguridad, lo que sugiere que presión combinada con diálogo puede generar avances sin confrontación abierta. La clave está en multilateralizar la respuesta: involucrar a la OEA, la ONU y aliados regionales para legitimar acciones y evitar percepciones imperialistas.

 Para ello se necesita, ante todo, inteligencia de todos los actores involucrados – agencias de inteligencia, fuerzas policiales y militares de los países afectados – y una coordinación al más alto nivel de gobiernos, con mecanismos de intercambio en tiempo real y decisiones conjuntas que trasciendan protocolos burocráticos. Sin esa inteligencia fusionada y liderazgo político de alto nivel, cualquier esfuerzo se diluye en desconfianzas históricas. En conclusión, tratar a los cárteles como organizaciones terroristas y autorizar acciones transfronterizas coordinadas no viola soberanía; la protege al restaurar el monopolio legítimo de la fuerza en manos del Estado. Es hora de una lucha sin fronteras contra un enemigo que ya las ignora. La alternativa – seguir debatiendo mientras mueren miles – es inaceptable. 

(*) Exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI)