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Congreso permite que docentes sin posgrado continúen dictando clases universitarias

El Congreso promulgó la Ley 32551 que flexibiliza los requisitos académicos y permitirá que docentes sin maestría ni doctorado continúen enseñando en universidades.

El Congreso de la República promulgó este viernes 9 de enero la Ley N.º 32551, que flexibiliza los requisitos académicos para la docencia universitaria y permite que profesores sin maestría ni doctorado continúen dictando clases. La norma fue aprobada por insistencia y modifica la Ley Universitaria en aspectos clave relacionados con los grados académicos exigidos a los catedráticos.

Con la firma del presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, y del vicepresidente Waldemar Cerrón, la ley establece que será opcional contar con maestría o doctorado para aquellos docentes que ingresaron a la carrera universitaria durante la vigencia de la antigua Ley Universitaria, promulgada en 1983 y derogada en 2014. Bajo esa normativa, bastaba con el título profesional para ejercer la docencia.

La actual Ley Universitaria, vigente desde 2014, exige grado de maestro para dictar clases de pregrado, maestría o doctorado para posgrados, y doctorado para programas doctorales. Aunque se otorgó inicialmente un plazo de cinco años para que los docentes se adecuaran a estos requisitos, el Congreso aprobó sucesivas prórrogas que se extendieron por más de una década.

La nueva norma no solo vuelve opcional el requisito del posgrado para los docentes antiguos, sino que también los exonera de contar con estos grados para ascender en la carrera docente, pese a que esta se rige por principios meritocráticos. Además, amplía hasta diciembre de 2026 el plazo para que los docentes incorporados bajo la ley vigente cumplan con los requisitos de maestría o doctorado.

La Ley Universitaria fue promulgada en 2014 y enfrentó demandas de inconstitucionalidad que fueron rechazadas por el Tribunal Constitucional en 2015. Desde entonces, el plazo de adecuación ha sido ampliado en varias ocasiones, primero por el Ejecutivo durante la pandemia y luego por el Congreso, siendo esta última modificación una de las más amplias y polémicas en el sistema universitario peruano.

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