La Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación preliminar tras revelarse que tres trabajadores del Congreso del Perú asistieron al local del partido Fuerza Popular en Santa Beatriz durante su horario laboral. El reportaje que originó la denuncia los identificó como empleados en planilla parlamentaria.
Los implicados nombrados como Geraly Ulloa Depaz, Jorge Llerena Portugal y Leticia Leyva Baylón fueron captados coordinando reuniones, recibiendo visitas y realizando funciones partidarias en la sede naranja. Mientras tanto, oficialmente figuran asignados a comisiones o despachos legislativos.
La investigación se enmarca como presunto delito de “peculado doloso”, ya que se trataría de uso indebido de recursos públicos: personal del Estado desempeñando labores políticas remuneradas durante su jornada oficial. La causa está en manos de la fiscal provincial encargada en Lima Centro.
Ante el escándalo, representantes de Fuerza Popular sostienen que no hay irregularidad. Su vocero afirmó que esos empleados son de “confianza” y no tienen horario fijo, por lo que pueden acudir al local partidario cuando sean requeridos políticamente.
Sin embargo, esto reaviva el debate sobre transparencia y uso de fondos públicos. Para sectores de oposición y organizaciones civiles este caso evidencia la necesidad de revisar los mecanismos de supervisión interna del Congreso y reforzar normas que eviten la “doble función”: trabajo estatal + tareas partidarias.
