Se acaba de exhibir en los cines una muy buena película peruana sobre el heroísmo de un grupo de élite de nuestras Fuerzas Armadas: el Comando Chavín de Huántar, quienes en una operación quirúrgica muy bien planificada el 22 de abril de 1997 rescataron a 72 rehenes quienes habían sido secuestrados cuatro meses antes por el grupo terrorista MRTA en la residencia de la Embajada de Japón en San Isidro.
Los peruanos no podemos ser mezquinos con semejante mérito de nuestros soldados quienes vencieron al terrorismo, no solo en la embajada sino en toda la guerra contrasubversiva que a lo largo de quince años el Perú sostuvo contra los genocidas de Sendero Luminoso y el MRTA. Sería mezquino incluso olvidar la dirección política que tuvo el gobierno de aquella época en liderar la operación de rescate de los rehenes.
Por más adversarios políticos que hayamos sido, no podemos tapar el sol con una mano, y dejar de reconocer su notable mérito en dicha operación militar, que fue impecable donde lamentablemente, solo uno de los rehenes falleció: el magistrado supremo Carlos Giusti Acuña, producto de un infarto, aunque ya liberado y camino al Hospital como consecuencia de una bala en la pierna. El Estado venció a esta horda sanguinaria, y eso es lo glorioso. Los 15 terroristas fueron eliminados, y prácticamente todos los rehenes salieron con vida. Hizo bien la dirección de la película “Chavín de Huántar”, en no politizar la obra al no mostrar a los personajes políticos de aquella época, sobre todo en un momento de coyuntura electoral, para así no desviar la atención de lo más importante: el heroísmo y victoria del comando militar. A contramano de Chavín de Huántar, en Colombia se celebran 40 años de la pésima operación de rescate de sus fuerzas armadas y policiales en el Palacio de Justicia colombiano.
Los hechos empezaron a las 11.15 am. del 6 de noviembre de 1985 y culminaron 28 horas después, donde 35 guerrilleros del M19 financiados por el Cartel de Medellín de Pablo Escobar tomaron por asalto el Palacio de Justicia en el centro de Bogotá en lo que el M19 denominaba: “Operación Antonio Nariño” que pretendía enjuiciar al presidente colombiano, Belisario Betancur, dejando un saldo de 115 muertos, entre ellos 11 magistrados supremos, en el que se incluye al presidente de la Corte Suprema de esa época: Dr. Alfonso Reyes Echandía.
A la 1.55 de la tarde del siguiente día, un tanque del Ejército Nacional derribó brutalmente la entrada del Palacio de Justicia e ingresó hasta el patio central como parte del comienzo del “rescate”, denominado “tierra arrasada” donde ocurriría la tragedia en una operación política y militar horrorosamente planificada y consumada.
Luego de dicha tragedia e incendio de Palacio de Justicia, a diferencia de lo que ocurriría 12 años después en el Perú con la operación “Chavín de Huántar, en Colombia, ni el presidente Betancur, ni los altos mandos militares o políticos quisieron reconocer su responsabilidad, aunque años después muchos de ellos fueran sancionados por los tribunales de ese país.
(*) Exvicepresidente del Perú.
