“Se está afectando la imagen de la Fiscalía”

• El exfiscal Álvaro Rurush es recordado por la diligencia en las oficinas de IDL en 2018 que no llegó a concretarse. Él afirma que el entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, le ordenó suspenderla de inmediato. Señala que no allanó o incautó documentos en dicha sede.

POR: CARLOS RIVERO MELGAR

El exfiscal Álvaro Rurush, en conversación con la Noticia al Día, a través de la Noticia TV (Canal 27.2 Best Cable), opinó que es lamentable la situación y el desmedro que viene teniendo el Ministerio Público solamente por intereses particulares o antojadizos, y los más afectados son los ciudadanos.

¿Cuál es su análisis de la situación en el Ministerio Público respecto a Delia Espinoza?

Es lamentable la situación y el desmedro que viene teniendo el Ministerio Público solamente por intereses particulares o antojadizos, y los más afectados vienen a ser los ciudadanos. La presidenta del Poder Judicial ha señalado que todos estos conflictos generan un aspecto negativo hacia la sociedad. Lamentablemente, Delia Espinoza, obviando los aspectos legales correspondientes, se ha tomado el atrevimiento de enviarle un documento a Tomás Gálvez para que le entregue el cargo; sin embargo, conforme establece el propio procedimiento, ¿qué es lo que corresponde? Que la forma en que ella pueda regresar es que la JNJ emita una resolución. En mi opinión la resolución que ordena el regreso de Espinoza es prevaricadora, porque se ha extralimitado las pretensiones requeridas por las partes y que no han sido debatidas en audiencia. Por ello consideramos que debe ser apartado y debe ser denunciado por prevaricato este magistrado ¿Qué es lo que debe hacer la Junta Nacional de Justicia? Llevarse a una contienda competencial ante el Tribunal Constitucional e inmediatamente también una medida cautelar a efectos de que se paralice esta resolución. Es lamentable lo que ha hecho este magistrado, ha irrumpido abruptamente el debido proceso, solamente con intereses al parecer personales y de cierto sector ideológico.

¿Considera que existe la intención de personalizar la Fiscalía de la Nación?

Lamentablemente lo que se está afectando es la imagen institucional, que es lo que debe prevalecer en el MP, pero lo que se está evidenciando en estas resoluciones, es que no les importa la institución sino la persona. El Ministerio Público es importante para este sector, para realizar persecuciones políticas, judiciales con apariencia de legalidad. Veamos con qué celeridad se han dado los allanamientos contra aquellos que no han compartido su posición ideológica. Pero acá hay otro punto curioso. El mismo día que salió la resolución ordenando la reincorporación de Delia Espinoza, el IDL y otra ONG presentaron un pedido para que se aparte a Tomás Gálvez. Esto no es coincidencia, es un trabajo articulado para recuperar el Ministerio Público y mantener el poder para hacer persecuciones y denigrar a los investigados que son sus rivales políticos. Con estas investigaciones destrozan la presunción de inocencia, aunque luego se determina que no hubo ningún medio probatorio, pero el escarnio público ya se hizo a través de los medios de comunicación.  La importancia de recuperar el MP es porque se trata del instrumento persecutor para los rivales políticos

¿Tomás Gálvez es un incómodo para los intereses de este sector?

No solo Tomás Gálvez, sino todos aquellos que no están cumpliendo las encomendaciones que este sector le estaría dando y lo ven como enemigos. Preguntémonos, a Pablo Sánchez, quien hizo la llamada, hizo una interferencia a la autonomía de fiscal para que realice una diligencia legal, ¿acaso algún medio de comunicación afín a este sector lo ha tocado? Este sector está vinculado a los Graña y Montero, y al Club de la Construcción.

¿Cree que el caso de Martín Vizcarra amerita una sentencia condenatoria?

Su caso demuestra que la corrupción está enquistada en las esferas de las instituciones públicas. Con mi experiencia de fiscal y ahora abogado, considero que va a ser sentenciado porque hay un sinfín de indicios que corroboran la tesis del fiscal. Está la declaración del gerente de Obrainsa, se tiene el registro de llamadas, existen facturas, y a eso se suma la prueba fundamental la declaración de su amigo (José Manuel) Hernández. No hay ninguna duda de que Vizcarra va a ser sentenciado y debe ser condenado a 15 años de prisión

¿Existe el riesgo de fuga de Martín Vizcarra ante una evidente condena?

No podemos descartar nada. Está de moda asilarse, como lo acaba de hacer Betssy Chávez. En el caso de Vizcarra hay que tener cuidado porque tiene precedentes de que no es una persona honesta, que actúa por conveniencia, y que es un mentiroso.

¿Vizcarra ha perdido el control del sistema de justicia?

Martín Vizcarra eliminó el Consejo Nacional de la Magistratura, y lo reemplazó por la Junta Nacional de Justicia. Y ya vimos el actuar politizado de la anterior, que implementaba mecanismos y procedimientos que no estaban acordes con la Constitución. Martín Vizcarra ha mantenido el poder en el sistema de justicia porque no estuvo en prisión preventiva, a diferencia de otros implicados en actos de corrupción. Una posibilidad es que pueda ser sentenciado, pero se suspenda la ejecución de la pena, lo que demostraría que aún tiene influencia en el Poder Judicial.

AFIRMA QUE DEBEN DESACTIVAR A LOS EQUIPOS ESPECIALES

¿Se deberían desactivar los Equipos Especiales como Lava Jato?

Si fuese fiscal de la Nación, eliminaría inmediatamente estos equipos especiales. Uno, no tiene el resultado. Dos, son equipos que vulneran derechos constitucionales como el derecho a un puesto fiscal natural. Lo correcto sería que cada denuncia que llega a la Mesa de Partes caiga de forma aleatoria a cualquier fiscal, pero acá se encargaban los casos a fiscales con una tendencia ideológica para perseguir algunos como Keiko Fujimori. No estamos defendiendo a Keiko, sino defendemos el debido proceso y las instituciones jurídicas, que no se instrumentalice la justicia contra una persona. Muy diferente es cómo avanzó el caso de Susana Villarán que ya se conocía desde el 2017, pero recién ha empezado el juicio oral, y no se ha admitido como colaboradores a José Miguel Castro y Léo Pinheiro.