El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, contactó por teléfono al presidente interino del Perú, José Jerí, en lo que se interpreta como un movimiento estratégico dentro del tablero geopolítico regional. Esta comunicación se produce en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y del apoyo de Washington a Ecuador en su lucha contra el Crimen Transnacional Organizado (CTO). No fue una charla de cortesía, sino una señal de que el Perú podría verse forzado a alinearse con el eje anti-Maduro en la campaña abierta de EE. UU. contra las redes criminales internacionales, consideradas por Washington una amenaza a su Seguridad Nacional. Esta presión externa llega además cuando el gobierno peruano —de carácter transitorio y estructuralmente débil— enfrenta un período preelectoral marcado por un crecimiento acelerado de la delincuencia que desborda la capacidad del Estado peruano.
El nivel y el contenido de la llamada enmarcan al gobierno peruano en el plano de la Seguridad Nacional y las Relaciones Exteriores. En la práctica, esto significa que Perú ya no puede continuar abordando la actual ola de violencia solo como un asunto de seguridad ciudadana: se ve obligado a escalar su respuesta al nivel de la defensa nacional y a activar la diplomacia en busca de apoyo. Difícilmente podrá involucrarse de forma efectiva con EE. UU. si permanece atrapado en una visión localista o “parroquial” de seguridad ciudadana.
Por otro lado, el contacto de alto nivel desde Washington es, de hecho, un llamado a la acción inmediata bajo la cobertura diplomática de un “respaldo político”. Ese apoyo podría esfumarse más rápido de lo que parece si Lima continúa con las mismas tácticas que hasta ahora han fracasado. En otras palabras, ya no es posible continuar con el espectáculo mediático de operativos vistosos, fotos oportunistas y declaraciones grandilocuentes sin resultados tangibles. El gobierno de Jerí necesita emprender un verdadero giro estratégico, serio y responsable, en materia de Seguridad Nacional.
La agenda, en gran medida, ya vino definida por esta conversación bilateral: sumarse plenamente a la guerra que EE.UU. ha declarado contra las redes criminales (y narcoterroristas) de la región. Las ventajas de alinearse con Washington pueden ser significativas: acceso a equipamiento y tecnología de punta, operaciones combinadas que aumenten la capacidad de lucha contra el crimen, fortalecimiento de los aparatos de inteligencia, e incluso apoyo externo para garantizar un proceso electoral 2026 seguro y en las mejores condiciones. Las desventajas de no hacerlo quedan claras al observar la realidad actual: persistir en el status quo implicaría seguir sufriendo el avance incontenible del CTO y llegar a los comicios en un escenario que podría resultar fatal para la democracia y la estabilidad del país.
Conclusión
La llamada Rubio-Jerí actúa como un “placebo diplomático” temporal para el gobierno peruano: un respaldo simbólico (avalado por la administración Trump) que le otorga a José Jerí un margen breve de maniobra e iniciativa. Pero ese margen exige ser aprovechado de inmediato. La nula efectividad mostrada hasta ahora por las autoridades peruanas tiene que llegar a su fin y declarar la lucha contra el CTO un problema de Seguridad Nacional.
Es de esperar que, en los próximos días, el presidente Jerí anuncie medidas de fondo para combatir la inseguridad y encarar este nuevo alineamiento estratégico. Experiencias previas indican que un contacto de este calibre entre Lima y Washington no queda en mera anécdota diplomática: suele precipitar efectos inevitables, marcando un antes y un después en la estrategia de Seguridad Nacional del Perú.
(*) Exdirector Nacional de Inteligencia (DINI)
