Tras el anuncio del estado de emergencia en Lima y Callao para enfrentar la creciente inseguridad, se conocieron los detalles del decreto, que incluye medidas en penales como la restricción de visitas: una semanal para internos del régimen cerrado ordinario y una quincenal para el régimen cerrado especial. También se ordenó cortar el suministro eléctrico en celdas, permitiendo solo iluminación básica.
La PNP mantiene el control del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas, y determinará las zonas de intervención según inteligencia, estadísticas y mapas del delito.
El alcalde de Surco, Carlos Bruce, saludó la medida y destacó la articulación con la PNP y la FAP. “Es un cambio radical ver al presidente involucrarse personalmente. Eso da buenas señales”, afirmó.
El burgomaestre de La Victoria, Rubén Cano, consideró que la declaratoria era impostergable. “El país estaba avasallado por la delincuencia, por el sicariato y la extorsión; todos los días teníamos muertos”, señaló.
Por su parte, la alcaldesa de Pueblo Libre, Mónica Tello, respaldó la medida pero pidió ajustes. “Esta vez se escuchó a los alcaldes, pero el éxito dependerá de medidas integrales”, advirtió.
