La inacción estatal viene dejando al Perú al borde del abismo. Las huelgas recientes de setiembre y octubre muestran cómo los transportistas salen a las calles con pancartas, que replica la prensa internacional, y dicen “No más muertes”, “Queremos vivir, “Ni un muerto más”; es un grito de auxilio ante la ola de asesinatos por extorsión. No es una huelga por capricho: “Es un llamado de auxilio ciudadano”, que repiten conductores y ciudadanos aterrados. AP Noticias reporta que entre enero y agosto de 2025 fueron asesinadas unas 180 personas, entre choferes, cobradores, taxistas, motociclistas, etc y frases como la de una cobradora: “Marchamos por nuestra vida” reflejan una desesperación genuina.
La indignación culmina en la pregunta de un chófer: “¿Qué esperan, más muertes?”, exigiendo de forma urgente protección real. La violencia ya no es local: es un problema transnacional; desde hace meses advierto que estamos ante mafias poderosas “que controlan rutas de transporte, lavan activos y cooptan espacios del Estado”. Estos grupos operan con objetivos económicos y políticos y extienden sus tentáculos en el narcotráfico y la minería ilegal: «no extorsionan por cinco soles, sino para tomar el control de economías enteras». En suma, enfrentamos un desborde criminal cuya envergadura supera al propio Estado.
Frente a esta crisis, la respuesta oficial es risible. El Estado “se ha rendido sin dar pelea”: en lugar de acciones firmes, la presidente Boluarte insiste en trabajar “sin descanso” por la seguridad y pide “no responder las llamadas extorsivas”, mientras el crimen sigue normalizándose; de hecho, no hay duda que esta gestión es la muestra clara de “frivolidad e incompetencia política”. La única salida realista consiste en exigir un SHOCK de SEGURIDAD, donde la lucha contra la extorsión se “militarice” desde la dimensión del Sistema de Defensa Nacional, de acuerdo a la Constitución y en forma temporal bajo la cobertura del Código de Justicia Militar.
Sólo un “Régimen de Excepción Constitucional con enfoque en Seguridad Nacional” permitirá ejecutar transformaciones urgentes sobre la PNP, MININTER, Ministerio Público, Sistema Penitenciario, y de Inteligencia Nacional para recuperar el principio de autoridad del Estado.
La normalización del terror debe detenerse, los ciudadanos y autoridades no pueden resignarse ni ceder ante el crimen, “Sin seguridad, no hay desarrollo, no hay paz, … no hay país”. No se puede someter la vida de las personas a un calendario electoral y menos a un gobierno y políticos frívolos, incompetentes y cobardes. El miedo y la impunidad no puden ser la rutina del país. Una respuesta total y drástica es la única manera de romper el cerco con el cual el crimen transnacional organizado se encuentra asediando al Perú.
(*) Exdirector Nacional de Inteligencia (DINI).
