“Fiscales cambiados pueden dejar rezagos”

• Según Lamas Puccio, no solamente se trataría de cambiar a los fiscales, sino también de analizar la posibilidad de reestructurar todo el personal administrativo dentro de las fiscalías, pues habría rezagos que pueden causar desestabilización.

POR: CARLOS RIVERO MELGAR

En conversación con La Noticia TV, que se transmite por Best Cable en nuestro canal 27.2, el abogado penalista Luis Lamas Puccio señaló que el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez debe disponer la reestructuración el sistema administrativo y funcional de todo el esquema dedicado a la investigación de grandes temas de corrupción política y empresarial.

¿Cree que los seis meses que el fiscal Tomás Gálvez permanecerá como fiscal de la Nación le permitirá hacer grandes cambios en el Ministerio Público?

Es una problemática que no puede ser solucionada de inmediato. Para reformular, cambiar personas de manera inmediata, hay que hacerlo con cierta metodología y con mucha previsión, porque la medicina puede ser peor que la enfermedad. Uno de los componentes fundamentales para una verdadera reforma del Ministerio Público implica el tema de los fiscales que están a cargo de la investigación de los temas de corrupción. La corrupción es la columna vertebral de todas las problemáticas que vive el país, y en el Ministerio Público la corrupción política y empresarial es la que ha desestabilizado esta institución. Un primer gran paso que debería darse es reformular todo el esquema administrativo y funcional de aquellos funcionarios inmersos dentro del tema de las investigaciones sobre casos de gran corrupción política y empresarial. La investigación de los casos de corrupción no está supeditada a la presencia de los fiscales José Domingo Pérez o Rafael Vela.

Tomás Gálvez ha sido un crítico de los fiscales del Equipo Lava Jato, sin embargo, ahora que es fiscal de la Nación señala que habrá una evaluación previa.

Lo prudente sería esperar unas semanas para poder corroborar y verificar cuál es su verdadera voluntad. Es comprensible que lo primero que hubiera hecho era cambiar a estos fiscales, pero no se trata solamente de cambiarlos, porque detrás de ellos hay todo un personal administrativo, que es el soporte operativo y logístico de las decisiones y de las investigaciones que realizan estos fiscales. No solamente se trataría de cambiar a estos fiscales, sino también de analizar la posibilidad de reformular todo el personal administrativo dentro de estas fiscalías, porque los rezagos de esos fiscales titulares permanecerán, y eso se convierte en un mecanismo de desestabilización. Como ciudadano tengo la esperanza de que el doctor Gálvez a mediano plazo cumpla con sus promesas porque el tema del manejo de las investigaciones de la corrupción es el componente más importante y más trascendente que ha generado esta crisis dentro del Ministerio Público.

En una audiencia del juicio de Susana Villarán, José Domingo Pérez dejó entrever que lo quieren remover del cargo.

Es una amenaza subliminal, pero que denota el poder que está escondido en esta estructura, que no necesariamente está presentado por el aspecto exactamente funcional, sino por todos los intereses económicos vinculados a la gran corrupción empresarial y política que están detrás de estos fiscales. No se trata solamente de dos personas, es toda una estructura mimetizada, enraizada dentro de intereses económicos, empresariales y políticos, vinculada con sectores, con partidos políticos que tienen representación en los diferentes estamentos del Estado. Ha sido un accionar metodológico para infiltrar de manera inteligente y sistemática una institución que tiene como figura a estos fiscales, pero detrás de ellos existe un poder que sigue manejando las redes a través del poder político, el poder económico, los estudios de abogados, la prensa, las entrevistas, los medios económicos, el presupuesto, las investigaciones contra la señora Boluarte, etc.

¿Cómo analiza el juicio oral contra Susana Villarán?

El problema del Perú no es la corrupción, sino la impunidad, que adquiere dimensiones más subrepticias que no están relacionadas solamente a una sentencia o al manejo del juicio. Hay una impunidad inmersa en la estructura del Estado y que tiene representatividad legal. Los mismos involucrados en la corrupción promulgan y hacen leyes orientadas a lograr impunidad a través del paso del tiempo. Es inconcebible, inaceptable, reprochable de todo punto de vista, que un juicio penal en el Perú, desde que se indaga hasta que la Corte Suprema lo resuelve con una casación, pueda durar tantos años. Desde el Ejecutivo, el Congreso y el TC se han aprobado normas que promueven la impunidad. Es un ejemplo de cómo el poder político vinculado a la corrupción manipula la legalidad, la legitimidad, el Estado de derecho y la misma democracia. Desestabiliza la democracia porque no hay democracia que pueda sobrevivir frente a una arremetida de corrupción e impunidad como la que estamos señalando.

¿Las declaraciones del fallecido José Miguel Castro podrán ser tomadas en cuenta en el juicio contra Susana Villarán?

La colaboración eficaz ha sido una herramienta manipulada para orientar este tipo de resultados. A través de estas colaboraciones se orientaban las investigaciones tanto hacia lo que implicaba una sentencia condenatoria o la impunidad, sobre todo en el caso de empresas, al pago de la reparación civil y los involucrados en corrupción por dar información terminaban en su casa. En el caso de Villarán hay dos intentos de colaboración eficaz que, por distintas razones, no se llegaron a concretar, a pesar que la información que proporcionaron quedó corroborada. La expectativa habría estado orientada a quebrar estas colaboraciones eficaces para que paradójicamente la misma acusación del fiscal perdiera sustento. Pero los jueces, a través del análisis de las pruebas indiciarias pueden lograr una condena.

PLANTEA PROHIBIR PUERTAS GIRATORIAS

¿Si estos fiscales son retirados del MP, cree que incursionarán en la política?

No sería una reacción exclusivamente a estos dos fiscales. La historia de las investigaciones sobre corrupción ha implicado la presencia de profesionales que han ocupado cargos públicos y que después ahora continúan desarrollando actividades privadas. No hay ninguna norma, ninguna ley que prohíba a un funcionario público ejercer una actividad privada inmediatamente después de dejar un cargo público. Debería prohibirse que funcionarios de peso estratégico en los próximos 5 o 10 años puedan realizar labor privada. Por su labor, estos funcionarios tienen información estratégica que les podría permitir desestabilizar al Estado.