Extorsión en Perú: ¿delincuencia común o terrorismo del siglo XXI?
Por: Carlos R. Repetto Castro
Diariamente los peruanos despertamos con noticias de asesinatos y extorsiones. Lo que antes parecía delincuencia común hoy se asemeja a terrorismo urbano. El caso de Trujillo y la actuación del gobernador César Acuña abren una reflexión más amplia de cara a las elecciones de 2026.
Cada día que pasa la noticia de un nuevo asesinato o de una nueva extorsión es noticia. En Lima, los negocios pequeños y medianos viven bajo amenaza permanente: si no pagan la “cuota inicial” y la mensualidad impuesta por los delincuentes, reciben ataques o terminan cerrando sus puertas. Miles de emprendedores ya han optado por claudicar, incapaces de sostener la presión económica y psicológica que significa estar en la mira de estas mafias.
Lo ocurrido esta semana en Trujillo es un ejemplo de cómo la violencia escala a niveles alarmantes. Una familia dedicada a la minería artesanal vio su vivienda destrozada con dinamita. El gobernador regional, César Acuña, expresó su indignación y pidió que las Fuerzas Armadas asuman el control de la ciudad. Sin embargo, buena parte de la población percibe que el liderazgo regional ha sido insuficiente frente a esta ola criminal, más aun considerando que el partido de Acuña tiene presencia en ministerios clave del actual gobierno.
No se trata solo de hechos aislados. Lo que está sucediendo tiene rasgos de terrorismo urbano. El recuerdo de la calle Tarata en Miraflores, en 1992, debería servirnos como advertencia de lo que ocurre cuando el Estado minimiza el problema y actúa tarde. ¿Acaso debemos esperar una tragedia de esa magnitud para reaccionar?
La modalidad de estas mafias es clara y conocida: llamadas telefónicas desde penales o desde el extranjero, amenazas explícitas, el uso de explosivos para sembrar miedo y la exigencia de pagos periódicos. La Policía tiene acceso a cámaras que registran los movimientos de los delincuentes, existen trazas de las llamadas y se conocen rutas de dinero. Sin embargo, las investigaciones chocan con un muro: la excesiva protección legal de la “privacidad” de los criminales.
Lo que está sucediendo tiene rasgos de terrorismo urbano. El recuerdo de la calle Tarata en Miraflores, en 1992, debería servirnos como advertencia.
Aquí surge la gran pregunta: ¿tiene sentido proteger la privacidad de quien extorsiona y amenaza la vida de inocentes? En una democracia, los derechos son fundamentales, pero también lo es la seguridad ciudadana. Un equilibrio sano debe priorizar la defensa de la mayoría sobre los privilegios de los violentos.
Además, el caso de Trujillo muestra algo más profundo: la experiencia en gestión pública no siempre garantiza resultados reales para la población. El gobernador César Acuña ha ocupado cargos importantes y cuenta con un partido con representación nacional. Sin embargo, en su propia región no logra frenar la inseguridad que destruye familias y negocios. De cara a las elecciones de 2026, este contraste debería hacernos reflexionar: más que currículum político, lo que el Perú necesita es voluntad genuina de gobernar para darnos a los peruanos lo mejor.
El Perú no puede normalizar la extorsión ni aceptar que el miedo gobierne las calles. El costo de la inacción es demasiado alto. Actuar ahora no es solo un deber legal, es un imperativo moral.
*Ingeniero industrial, MBA en Finanzas, Doctorado en Desarrollo y Seguridad Estratégica. Email [email protected]
