Hace un par de días recibimos con asombro la resolución de la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, que revocó la resolución del juez Jorge Chávez Tamariz, quien ordenaba la prisión preventiva del expresidente Martín Vizcarra por cinco meses, en aras de salvaguardar el proceso judicial que ya está en la etapa final previa a la sentencia que se le sigue por graves delitos de corrupción, y así evitar que escape del país o se asile en una embajada complaciente.
La contradictoria resolución del Tribunal Penal Superior (probablemente curándose en salud) señala: “existe sospecha fuerte de que Martín Vizcarra recibió sobornos de las empresas constructoras cuando fue gobernador de Moquegua” y que, “si bien se mantienen los graves y fundados elementos de convicción en su contra sobre su responsabilidad en el delito imputado, no existe peligro de fuga, porque sí existe arraigo laboral y familiar de dicho acusado”, a contramano de lo que piensa la fiscalía y de la propia decisión del juez de primera instancia.
Lo paradójico del caso, para los que somos abogados defensores litigantes, es que por muchísimo menos la gran mayoría de procesados sufren excesiva, injusta y desproporcionada prisión preventiva sin ser condenados, desde los 12 hasta los 36 meses de cárcel.
Entonces, la pregunta surge naturalmente: ¿por qué en el caso de Martín Vizcarra, cuyos delitos están absolutamente acreditados y la carga de la prueba es tan fuerte en su contra, es excarcelado por la justicia nacional al punto de poner en riesgo el proceso y perturbar la actividad probatoria con una fuga del país o un asilo diplomático? Casos emblemáticos ha habido muchos: Alberto Fujimori escapó a Japón, Nadine Heredia recurrió a una embajada y hoy está asilada en Brasil, Alejandro Toledo fugó a los Estados Unidos, Ernesto Schutz se escurrió y vive cómodamente en Suiza con todos los beneficios. Hay que recordar para siempre los nombres de estos tres magistrados, porque, de huir del país Vizcarra o asilarse en alguna embajada, claramente serán ellos los responsables, ya que, a pesar de que el juez Chávez Tamariz impuso una medida de cinco meses de prisión preventiva mientras terminaba su juicio oral y se acercaba la sentencia final, estos tres jueces, desoyendo las más elementales razones cautelares para un tipo peligroso como Vizcarra, lo excarcelaron sin ninguna medida preventiva más que la comparecencia simple. Hoy el expresidente puede incluso salir del país sin problemas. Esa es la justicia que reina, lamentablemente, en el país. Martín Vizcarra robó todo lo que pudo en el Perú mientras fue gobernador, ministro, vicepresidente y presidente, y no solo ello: fue el responsable directo del genocidio de más de doscientos mil muertos por la COVID en la época de la pandemia. Este miserable, cuando salió de la cárcel, tuvo el cuajo de decir: “Ahora salgo más fortalecido”. ¿Qué influencia tiene este tipejo en la justicia peruana?, ¿o es que acaso el vil metal corrompió nuevamente a los magistrados?
(*) Exvicepresidente del Perú.
