La minería ilegal es la extracción de minerales de la tierra sin autorización del Estado peruano, propietario legal del suelo. Se trata de grupos de personas que, haciéndose llamar mineros, pretenden extraer minerales y comercializarlos sin respaldo legal, utilizando como soporte el REINFO, documento cuya vigencia culmina el 31 de diciembre del presente año, según anunció el Ejecutivo, con el fin de prevenir acciones delictivas.
Esta actividad acarrea graves consecuencias ambientales, sociales y económicas. También afecta la salud. Entre los impactos ambientales destacan la contaminación del agua y del aire, la degradación del suelo, la deforestación y la pérdida de biodiversidad. Además, ha provocado otros daños en diversas regiones del país, como la exposición crónica de la población a sustancias tóxicas a través del aire, el suelo y el agua.
En otras palabras, la minería ilegal provoca erosión y degradación del suelo, lo que deriva en tierras áridas donde nada sobrevive. Esta erosión reduce la fertilidad, convirtiéndose en el verdugo de las tierras agrícolas, y disminuye las posibilidades de restaurar la vegetación. Afecta directamente la capa superior del suelo, deteriorando su capacidad productiva.
Asimismo, los productos químicos tóxicos contaminan el terreno, impidiendo el crecimiento vegetal. La minería ilegal impacta negativamente otras actividades económicas como el ecoturismo, la agricultura —por la destrucción del suelo— y las labores forestales —por la intervención en zonas de reforestación—.
Las múltiples consecuencias de esta práctica están contaminando ríos, destruyendo bosques, afectando la salud de las poblaciones y promoviendo ciudades enteras marcadas por la informalidad y el delito, con graves atentados contra mujeres y niños.
En síntesis, la minería ilegal está causando un enorme daño a nuestro país. Afecta el empleo formal y la creación de puestos de trabajo en las regiones impactadas. La presencia de operaciones mineras ilegales suele desplazar las actividades legales, generando la pérdida de empleo y disminuyendo oportunidades para los mineros formales.
Además, fomenta la explotación y, en algunos casos, la esclavitud de miles de personas, especialmente mujeres y niños, captados por organizaciones criminales que operan al margen de leyes laborales, seguridad social y atención médica. La explotación infantil es prueba de ello.
Actualmente, se estima que, de los 5 millones de onzas de oro que exporta anualmente el Perú, más de un millón —aproximadamente el 22 %— provienen de la minería ilegal. Esta actividad ilícita genera utilidades por 1,000 millones de dólares anuales.
También evade impuestos por alrededor de 305 millones de dólares, una suma significativa que afecta el desarrollo del país. Estas organizaciones delictivas, en efecto, roban impunemente al Estado peruano, perjudicando a los 34 millones de ciudadanos.
El anuncio del Ejecutivo sobre el fin del REINFO —documento que permitía a los ilegales iniciar el proceso de formalización—, previsto para el 31 de diciembre, significa que los delincuentes ya no podrán usarlo como excusa para trasladar minerales robados al Estado.
Tras este anuncio, los mineros ilegales han llegado a la capital para exigir la ampliación del REINFO. Desde esta columna, respaldamos el fin de dicho documento, para evitar noticias como la de Pataz, donde fueron asesinados 13 mineros con el fin de arrebatarles el oro que habían extraído.
(*) Abogado y exdecano del Colegio de Contadores Público de Lima.
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