La Sala Penal Especial de la Corte Suprema reanudó este miércoles las audiencias del juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo, el expremier Aníbal Torres y otros exfuncionarios, procesados por el presunto delito de rebelión a raíz del fallido intento de disolver el Congreso el 7 de diciembre de 2022.
Durante la jornada, la defensa legal de Castillo presentó como prueba recortes periodísticos que recogían manifestaciones sociales en diversas regiones del país, incluyendo Puno y Lima, donde se demandaba el cierre del Parlamento. El abogado del exmandatario argumentó que estas evidencias probarían que la intención de cerrar el Congreso no fue una iniciativa personal de Castillo, sino una expresión de un “clamor popular” que su defendido recogió en su mensaje a la Nación.
“El Ministerio Público ha presentado el anuncio del cierre del Congreso como una voluntad individual, como un acto autónomo del poder. Sin embargo, estos registros demuestran que esa demanda existía previamente y que fue recogida por Castillo en un momento de crisis política”, afirmó la defensa.
En respuesta, el representante de la Fiscalía sostuvo que las mismas pruebas expuestas por la defensa confirman la planificación previa del acto inconstitucional, al mostrar que el anuncio presidencial no fue espontáneo, sino coordinado y dirigido a un sector de la ciudadanía, como lo evidencian las protestas que se desencadenaron inmediatamente tras el mensaje, incluida la llamada “Toma de Lima”.
“Lo que demuestra esto es que el mensaje a la Nación fue parte de un acto deliberado, que tuvo eco social y no fue inocuo. Por tanto, sí configuraría el delito de rebelión”, señaló el fiscal.
En el tramo final de la audiencia, el tribunal también dio lectura al requerimiento formulado por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que solicitó un informe documentado sobre las actuaciones de los magistrados del caso, en el marco de una denuncia por presunto adelanto de opinión en contra de la jueza Norma Beatriz Carbajal. La sala dispuso que la información requerida sea remitida en un plazo máximo de cinco días.
El juicio continuará este jueves a las 9:00 a.m., en medio de expectativa sobre los próximos argumentos de las partes en uno de los casos más emblemáticos de los últimos años en el ámbito político y judicial del país.
